Mucho antes de la llegada de los europeos, el actual territorio colombiano estaba habitado por decenas de pueblos con culturas muy desarrolladas, adaptadas a una geografía que iba de los nevados a la selva. En el altiplano cundiboyacense floreció la civilización muisca (o chibcha), una confederación de agricultores, tejedores, mineros de sal y esmeraldas, y orfebres extraordinarios, organizada en cacicazgos encabezados por el Zipa de Bacatá y el Zaque de Hunza. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los taironas construyeron ciudades de piedra como Teyuna —la Ciudad Perdida— y una sofisticada ingeniería de terrazas, caminos y canales; sus descendientes, koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos, siguen habitando la sierra, a la que consideran el 'corazón del mundo'.
En el suroccidente andino, una misteriosa civilización talló en San Agustín cientos de estatuas monumentales de piedra —guerreros, dioses, seres fantásticos— y en Tierradentro excavó hipogeos funerarios decorados, dos conjuntos hoy declarados Patrimonio de la Humanidad. Los quimbayas del valle del Cauca alcanzaron una maestría orfebre insuperable, y los zenúes de las llanuras del Caribe levantaron, hace más de dos mil años, un vasto sistema de canales para controlar las inundaciones del San Jorge y el Sinú, además de tejer la caña flecha del sombrero vueltiao.
Fue precisamente el oro de los muiscas —y el rito en que el heredero del cacicazgo se cubría de polvo dorado y se sumergía en la laguna de Guatavita, ofrendando tesoros a las aguas— el que dio origen a la leyenda de El Dorado. Esa fantasía de una ciudad o un reino de oro arrastró a los conquistadores hacia el interior del continente y desató expediciones febriles que costaron miles de vidas, indígenas y europeas, sin que nadie hallara jamás el tesoro imaginado.
Los primeros contactos españoles con las costas colombianas datan de comienzos del siglo XVI. En 1525 Rodrigo de Bastidas fundó Santa Marta, la ciudad más antigua sobreviviente del país, y en 1533 Pedro de Heredia fundó Cartagena de Indias en una bahía privilegiada del Caribe. Desde allí, y remontando el río Magdalena, Gonzalo Jiménez de Quesada emprendió en 1536 la conquista del altiplano muisca: tras someter a los cacicazgos chibchas, fundó Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Por el sur, Sebastián de Belalcázar, que venía del Perú, fundaba Popayán y Cali, mientras el alemán Nicolás de Federmann llegaba también a la sabana: las tres huestes se encontraron en Bogotá en un episodio célebre.
El territorio se organizó como el Nuevo Reino de Granada, con una Real Audiencia en Santa Fe. Durante casi tres siglos, la economía colonial giró en torno a la minería del oro —extraído sobre todo en Antioquia y el Chocó— y a la agricultura de haciendas. La mano de obra fue en gran medida esclavizada: Cartagena se convirtió en el mayor puerto negrero del imperio en la región, por el que entraron decenas de miles de africanos cuya presencia marcó para siempre la cultura, la música y la sociedad del Caribe y del Pacífico. La labor del jesuita San Pedro Claver, 'esclavo de los esclavos', quedó ligada a esa historia de dolor.
La riqueza de Cartagena la convirtió en blanco de piratas y potencias enemigas, por lo que la Corona levantó uno de los mayores sistemas de fortificaciones de América: kilómetros de murallas y el imponente castillo de San Felipe de Barajas. En 1741 esas defensas permitieron rechazar el enorme ataque de la flota británica del almirante Vernon, en una victoria en la que se destacó el mando de Blas de Lezo. En 1717 la Corona creó el Virreinato de Nueva Granada, con capital en Bogotá, que reunió los actuales territorios de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador bajo una misma administración.
El siglo XVIII trajo a Nueva Granada las reformas borbónicas, que buscaban modernizar y hacer más rentable el imperio, y con ellas nuevos impuestos y monopolios estatales sobre el tabaco y el aguardiente. En 1781, el descontento estalló en la villa del Socorro, en Santander, con la insurrección de los Comuneros: un gran levantamiento popular de miles de personas que marcharon hacia Bogotá al grito de '¡Viva el rey y muera el mal gobierno!'. Aunque las autoridades pactaron y luego traicionaron las 'Capitulaciones' —ejecutando al líder José Antonio Galán—, la rebelión quedó como un antecedente directo de la independencia.
Fueron también años de una notable vida intelectual. La Real Expedición Botánica, dirigida desde 1783 por el sabio gaditano José Celestino Mutis, reunió en Mariquita y Bogotá a una generación de naturalistas criollos que catalogaron la flora del reino y formaron a hombres como Francisco José de Caldas, 'el Sabio', astrónomo y geógrafo payanés. El paso del naturalista Alexander von Humboldt a comienzos del siglo XIX, y la difusión de las ideas ilustradas y de la Revolución Francesa —Antonio Nariño tradujo e imprimió en 1793 los Derechos del Hombre—, alimentaron la conciencia criolla.
Esa élite ilustrada, resentida por su exclusión de los altos cargos, reservados a los peninsulares, y golpeada por las cargas fiscales, encontró su oportunidad cuando la invasión napoleónica de España, en 1808, sumió a la monarquía en una profunda crisis. En toda la América española, las juntas que decían gobernar 'en nombre del rey cautivo' Fernando VII abrieron, casi sin quererlo, el camino hacia la ruptura definitiva con la metrópoli.
El proceso independentista se precipitó el 20 de julio de 1810, cuando un incidente en Bogotá —el célebre episodio del florero de Llorente, provocado deliberadamente por los criollos— desató un cabildo abierto que destituyó al virrey e instaló una Junta Suprema. Comenzó así la Primera República, un período de intensas luchas internas entre centralistas, liderados por Nariño, y federalistas, encabezados por Camilo Torres, conocido con ironía como la 'Patria Boba'. Aquella desunión facilitó la reconquista española: entre 1815 y 1819, el general Pablo Morillo impuso un feroz régimen de terror, fusilando a buena parte de la dirigencia patriota, entre ella la heroína Policarpa Salavarrieta.
La liberación definitiva llegó de la mano de Simón Bolívar. Tras reorganizar las fuerzas en los llanos junto a Francisco de Paula Santander y a los llaneros de José Antonio Páez, el Libertador emprendió una audaz campaña que cruzó los Andes por el gélido páramo de Pisba. Tras el combate del Pantano de Vargas, derrotó al ejército realista en la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y entró triunfante en Bogotá tres días después. Ese mismo año, el Congreso de Angostura proclamó la República de Colombia —la 'Gran Colombia'—, que la Constitución de Cúcuta de 1821 organizó, con Bolívar como presidente y Santander como vicepresidente.
La Gran Colombia, que llegó a abarcar Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, era un proyecto demasiado ambicioso para su tiempo. Las enormes distancias, las rivalidades regionales y el choque entre el centralismo bolivariano y el federalismo de Santander la desgarraron. El intento de asesinato de Bolívar en 1828 —la 'noche septembrina', de la que lo salvó Manuela Sáenz— agravó la crisis. Hacia 1830, Venezuela y Ecuador se separaron, y el 17 de diciembre de ese año murió Bolívar en Santa Marta, arruinado y desengañado. De aquellas ruinas nació la República de la Nueva Granada.
El siglo XIX colombiano estuvo marcado por una interminable sucesión de constituciones —cerca de una decena— y de guerras civiles entre los dos partidos que dominarían la política durante más de siglo y medio: el Liberal y el Conservador, formalizados hacia 1848-1849. Los liberales defendían el federalismo, el librecambio, las libertades individuales y la separación de la Iglesia y el Estado; los conservadores, el centralismo, el proteccionismo, el orden y la estrecha alianza con la Iglesia católica. A mediados de siglo, las reformas liberales abolieron la esclavitud (1851), impulsaron el libre comercio y llevaron el federalismo al extremo.
El país cambió varias veces de nombre según qué bando y qué proyecto se impusiera: República de la Nueva Granada, Confederación Granadina y, bajo la constitución federalista de Rionegro de 1863, Estados Unidos de Colombia, un régimen de estados soberanos casi independientes. La reacción llegó con Rafael Núñez y su movimiento de la 'Regeneración', que impuso la Constitución de 1886 —centralista, presidencialista y católica, con un Concordato con la Santa Sede—, adoptó el nombre de República de Colombia y rigió, con reformas, hasta 1991.
El enfrentamiento entre los dos partidos culminó en la Guerra de los Mil Días (1899-1902), la más sangrienta de todas: dejó unos cien mil muertos, arruinó al país y lo sumió en una postración total. En ese contexto de agotamiento, y con Estados Unidos empeñado en construir un canal interoceánico, se produjo la mayor herida de la historia nacional: la separación de Panamá.
Panamá había sido parte integral de Colombia desde la independencia, unida al país por el istmo pero separada por la selva del Darién y por una larga historia de aislamiento y de proyectos secesionistas. Su importancia se disparó con la fiebre del ferrocarril y, sobre todo, con el sueño de un canal interoceánico. Una compañía francesa dirigida por Ferdinand de Lesseps, el constructor de Suez, fracasó ruinosamente en el intento a fines del siglo XIX, y Estados Unidos tomó el relevo, decidido a controlar la ruta.
En 1903, el Senado colombiano rechazó el tratado Herrán-Hay, que concedía a Estados Unidos una franja para el canal en condiciones que muchos consideraron lesivas para la soberanía. La respuesta del presidente Theodore Roosevelt fue inmediata: apoyó y alentó una revuelta separatista de las élites panameñas. El 3 de noviembre de 1903 Panamá declaró su independencia, y buques de guerra estadounidenses impidieron que Colombia, exhausta tras la Guerra de los Mil Días, sofocara la secesión. Días después, Washington firmaba con la nueva república el tratado que le daba el control de la Zona del Canal.
La pérdida de Panamá fue vivida como una amputación y una humillación nacional, y envenenó durante décadas las relaciones con Estados Unidos. En 1921, mediante el tratado Urrutia-Thomson, Washington pagó a Colombia veinticinco millones de dólares como compensación, sin admitir formalmente responsabilidad. La herida, sin embargo, quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo del atropello imperial y de la debilidad de un país desangrado por sus propias guerras.
Las primeras décadas del siglo XX trajeron una relativa paz y un motor económico nuevo: el café. Impulsado por la colonización antioqueña que había poblado las laderas de la Cordillera Central, el grano se convirtió en el gran producto de exportación y en el símbolo del país; el Eje Cafetero —Caldas, Quindío y Risaralda— vivió una intensa expansión, y su paisaje cultural sería después declarado Patrimonio de la Humanidad. Con el café llegaron los ferrocarriles, los primeros bancos y una temprana industrialización, especialmente textil, en Medellín y en Barranquilla, la 'Puerta de Oro' por la que entró la modernidad, la aviación comercial y la inmigración.
Pero el modelo tenía un lado oscuro. En la zona bananera del Magdalena, la estadounidense United Fruit Company controlaba plantaciones, tierras y trabajadores en condiciones de gran precariedad. A fines de noviembre de 1928 estalló una enorme huelga de más de veinticinco mil trabajadores que pedían contratos, descanso dominical y mejores condiciones. El 6 de diciembre de 1928, en la plaza de Ciénaga, el ejército al mando del general Carlos Cortés Vargas abrió fuego contra la multitud congregada: la Masacre de las Bananeras dejó un número de muertos nunca esclarecido —desde las cifras oficiales de unas decenas hasta las estimaciones de cientos o miles—, y se convirtió en símbolo de la alianza entre el Estado, el capital extranjero y la represión.
El episodio, denunciado en el Congreso por el joven Jorge Eliécer Gaitán y luego inmortalizado por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, contribuyó al desgaste de la larga 'hegemonía conservadora' que gobernaba desde 1886. En 1930, el liberalismo volvió al poder y emprendió, sobre todo bajo Alfonso López Pumarejo y su 'Revolución en Marcha', reformas sociales, agrarias y laborales que modernizaron el país, pero también tensaron aún más la vida política.
La polarización entre liberales y conservadores se agravó en los años cuarenta en torno a una figura que desbordaba los moldes: Jorge Eliécer Gaitán, abogado y caudillo popular de enorme carisma, que denunciaba a la oligarquía de ambos partidos y encarnaba las esperanzas de las mayorías. Su asesinato en pleno centro de Bogotá, el 9 de abril de 1948, mientras se celebraba una conferencia panamericana, desató el Bogotazo: una explosión de furia popular que incendió y destruyó buena parte del centro de la capital y se propagó a otras ciudades, dejando miles de muertos en pocos días.
El Bogotazo fue la chispa que encendió, o más bien intensificó, el período conocido simplemente como 'La Violencia': una guerra civil no declarada, sobre todo rural, entre liberales y conservadores, con matanzas, desplazamientos y atrocidades recíprocas que asolaron el campo colombiano entre finales de los años cuarenta y mediados de los cincuenta. Se calcula que dejó entre doscientos mil y trescientos mil muertos y sembró un odio partidista que penetró hasta las veredas más apartadas.
En 1953, un golpe militar llevó al poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien logró pacificar parcialmente el país mediante amnistías, impulsó obras públicas y la llegada de la televisión, pero derivó hacia el autoritarismo. Su intento de perpetuarse provocó la reacción conjunta de las élites de ambos partidos, que en 1957 lo derrocaron mediante un paro cívico y se dispusieron a pactar una salida negociada a décadas de enfrentamiento.
Para poner fin a La Violencia y evitar nuevas dictaduras, los jefes liberal Alberto Lleras Camargo y conservador Laureano Gómez pactaron en Europa —en los acuerdos de Benidorm (1956) y de Sitges (1957)— un arreglo excepcional: el Frente Nacional. Ratificado por plebiscito en diciembre de 1957, este sistema, vigente entre 1958 y 1974, estableció que liberales y conservadores se alternarían en la presidencia cada cuatro años y se repartirían por mitades todos los cargos públicos. Se sucedieron así Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero.
El Frente Nacional logró desactivar la guerra partidista y dar estabilidad institucional, pero al precio de cerrar el sistema político: cualquier fuerza ajena a los dos partidos quedaba excluida del poder. Esa clausura, sumada a la persistente desigualdad en el campo, a la concentración de la tierra y al ejemplo de la Revolución Cubana, alimentó el surgimiento de guerrillas de izquierda. En 1964, tras el ataque del ejército a la 'república independiente' campesina de Marquetalia, nacieron las FARC, lideradas por Manuel Marulanda 'Tirofijo'; poco después surgieron el ELN, de inspiración guevarista y con curas rebeldes en sus filas, el EPL maoísta y, en los setenta, el M-19, de origen urbano y nacionalista.
Aquellas insurgencias, que en principio decían luchar por la reforma agraria y la justicia social, iniciaron un conflicto armado que se prolongaría por más de medio siglo, el más largo de América Latina. A él se sumarían, con el tiempo, otros actores —el Estado, los grandes propietarios, los ejércitos privados— en una espiral de violencia que un factor nuevo, aparecido en los años setenta y ochenta, llevaría a extremos inéditos: el narcotráfico.
Desde finales de los años setenta, la demanda de cocaína en Estados Unidos y Europa convirtió a Colombia en el centro mundial del narcotráfico. Surgieron poderosos carteles: el de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, y el de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela. Escobar, que llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo y hasta congresista, desató una guerra abierta contra el Estado cuando este aceptó la extradición a Estados Unidos: los años ochenta y comienzos de los noventa vieron una ola de coches bomba, magnicidios —entre ellos el del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en 1989— y el derribo de un avión de Avianca. Escobar murió abatido en Medellín en diciembre de 1993.
El conflicto se hizo cada vez más enredado y sangriento. Las guerrillas, sobre todo las FARC, se financiaron con el secuestro, la extorsión y los cultivos de coca, y llegaron a controlar amplias zonas rurales. Frente a ellas, y a menudo en alianza con terratenientes, narcotraficantes y sectores de la fuerza pública, surgieron ejércitos paramilitares de extrema derecha, agrupados desde 1997 en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de algunas de las peores masacres de civiles. La población campesina, atrapada entre todos los fuegos, sufrió desplazamientos masivos, desapariciones y matanzas; el M-19, por su parte, protagonizó en 1985 la toma del Palacio de Justicia, retomado por el ejército en una operación con más de un centenar de muertos.
A lo largo de estas décadas hubo intentos de negociación —algunos exitosos, como la desmovilización del M-19 en 1990, que participó en la Asamblea que redactó la progresista Constitución de 1991; otros fallidos, como la zona de distensión del Caguán a comienzos de los 2000—. Bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) se desmovilizaron los paramilitares y se golpeó militarmente a las FARC, aunque a costa de graves violaciones de derechos humanos como los 'falsos positivos'. El país, sin embargo, seguía atrapado en una guerra que parecía interminable.
Tras años de conversaciones secretas y luego públicas en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en 2016 un Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado más largo de América. El texto contemplaba una reforma rural, la participación política de la exguerrilla, la sustitución de cultivos ilícitos y un sistema de justicia transicional —la JEP— con verdad, reparación y garantías de no repetición. Sometido a plebiscito en octubre de 2016, el acuerdo fue rechazado por un estrechísimo margen; renegociado y ajustado, fue finalmente refrendado por el Congreso. Ese mismo año, Santos recibió el Premio Nobel de la Paz.
La implementación ha sido difícil y desigual. Miles de excombatientes dejaron las armas y la antigua guerrilla se convirtió en partido político, pero disidencias que rechazaron el pacto, el ELN —aún activo— y bandas herederas del paramilitarismo y del narcotráfico mantienen la violencia en muchas regiones, con el asesinato de líderes sociales y excombatientes como una de sus caras más dolorosas. Aun así, el país entró en una etapa nueva: en 2022 llegó al poder Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, como primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, junto a Francia Márquez, primera vicepresidenta afrocolombiana.
Hoy Colombia es un país de casi cincuenta millones de habitantes, una de las mayores economías de la región y una potencia cultural indiscutible: de Gabriel García Márquez y el realismo mágico a Fernando Botero, de Shakira, Carlos Vives y el reguetón de Medellín al vallenato, la cumbia, la salsa de Cali y las músicas del Pacífico. Es también uno de los dos o tres países más biodiversos del planeta —líder mundial en aves y orquídeas— y un destino turístico en pleno auge, que apuesta por el café, la naturaleza, la reconciliación y la memoria como cimientos de su futuro.