Mucho antes de los incas y de los españoles, los Andes bolivianos fueron cuna de una de las grandes civilizaciones de América. Cerca de la orilla sur del lago Titicaca, a unos 3.850 metros de altura, floreció Tiwanaku (o Tiahuanaco), un centro ceremonial y político cuyos orígenes se remontan a los primeros siglos de nuestra era. La cultura se consolidó como un Estado expansivo entre los años 100 y 400 d.C. y alcanzó su máximo esplendor aproximadamente entre el 500 y el 1000 d.C., cuando su capital llegó a albergar decenas de miles de habitantes y su influencia se extendió por el sur del Perú, el norte de Chile y el noroeste argentino.
La Puerta del Sol, los grandes monolitos como el Bennett y el Ponce, la pirámide de Akapana, el templete semisubterráneo y los templos de Kalasasaya son testimonio de su extraordinario dominio de la piedra, la astronomía y la ingeniería hidráulica. Tiwanaku desarrolló sistemas de cultivo en camellones o 'suka kollus' que permitían producir alimentos en la dureza del altiplano, y difundió un estilo artístico y religioso —con la figura central de un dios de los báculos— que unificó culturalmente a buena parte de los Andes centro-sur. Hacia el año 1000-1150, una prolongada sequía debilitó su base agrícola y el centro fue finalmente abandonado, dando paso a los reinos aymaras. Desde el año 2000, el complejo es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
El altiplano y los valles estuvieron habitados por numerosos pueblos: los aymaras, herederos de los señoríos lacustres que sucedieron a Tiwanaku, como el poderoso reino Lupaca, los Pacajes y los collas; los quechuas de los valles; los urus del Titicaca, del Desaguadero y del lago Poopó, considerados entre los habitantes más antiguos de los Andes; y, en las tierras bajas del oriente y el sur, los guaraníes (chiriguanos), los moxeños de los Llanos de Moxos, los chiquitanos, los tacanas y decenas de pueblos amazónicos y chaqueños. Esa diversidad, con el aymara y el quechua todavía muy vivos como lenguas maternas de millones de personas, sigue siendo el rasgo más profundo de la identidad boliviana.
En el siglo XV, durante los reinados de Pachacútec y Túpac Yupanqui, los incas incorporaron el altiplano y los valles bolivianos a su imperio, el Tahuantinsuyo, dentro de la gran región meridional llamada Collasuyo. La conquista incaica no fue sencilla: los señoríos aymaras, especialmente los collas y lupacas del Titicaca, opusieron una fuerte resistencia y solo tras duras campañas quedaron sometidos, conservando buena parte de su lengua y de su organización dual.
Los incas impusieron el quechua como lengua administrativa, integraron la región a la red de caminos del Qhapaq Ñan, instalaron centros como Incallajta —en los valles de Cochabamba, el mayor conjunto arquitectónico inca del actual territorio boliviano— y trasladaron poblaciones mediante el sistema de mitimaes para asegurar la producción agrícola de maíz y coca en los valles templados. También reorganizaron el trabajo colectivo a través de la mita, la contribución rotativa de mano de obra que más tarde los españoles convertirían en un instrumento de explotación minera.
En las tierras bajas del oriente, sin embargo, el avance incaico encontró un límite. Los guaraníes o chiriguanos del piedemonte andino frenaron la expansión del Tahuantinsuyo, y los pueblos de la Amazonía y del Chaco permanecieron fuera de su órbita. Cuando los españoles llegaron a la región en la década de 1530, el Imperio inca acababa de sumirse en una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, circunstancia que facilitó enormemente la conquista europea.
La conquista española del actual territorio boliviano se produjo en la década de 1530, tras la caída del Imperio inca a manos de Francisco Pizarro. La región pasó a llamarse Charcas o Alto Perú y quedó organizada bajo la Real Audiencia de Charcas, creada en 1559 por el rey Felipe II, con sede en la ciudad de La Plata (la actual Sucre). Este alto tribunal administraba justicia sobre un vasto territorio que abarcaba parte de los actuales Paraguay, sudeste del Perú, norte de Chile, noroeste argentino y casi toda Bolivia.
En los primeros años, los conquistadores protagonizaron sangrientas guerras civiles entre las facciones de Pizarro y Diego de Almagro, que solo terminaron con la llegada de la autoridad real. Sobre las ruinas del orden incaico, los españoles fundaron ciudades estratégicas: La Plata (1538-1540), La Paz (1548), Cochabamba (1571), Tarija (1574) y Santa Cruz de la Sierra (1561). El territorio dependió primero del Virreinato del Perú y, desde 1776, del recién creado Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, un cambio que reorientó el comercio y sembró rivalidades administrativas.
El acontecimiento que definió la suerte de Charcas fue el hallazgo de plata en el Cerro Rico de Potosí en 1545. La corona organizó en torno a esa riqueza todo un sistema colonial: la mita minera, que obligaba a decenas de miles de indígenas de las provincias del sur andino a trabajar por turnos en las minas y en los ingenios de amalgamación con mercurio traído de Huancavelica. El Alto Perú se convirtió así en el gran motor plateado del Imperio español, con un enorme costo humano para las poblaciones indígenas y africanas sometidas al trabajo forzado.
Pocos lugares del planeta cambiaron tanto la historia como Potosí. En 1545, según la tradición, el indígena Diego Huallpa descubrió la plata del Sumaq Urqu, el Cerro Rico, y de inmediato la corona fundó al pie de la montaña la Villa Imperial de Potosí. En pocas décadas se convirtió en una de las ciudades más grandes, ricas y pobladas del mundo: a comienzos del siglo XVII rivalizaba en habitantes con Londres, París o Sevilla, y de su expresión popular nació el dicho 'vale un potosí' para designar algo de valor incalculable.
La plata potosina alimentó una verdadera economía-mundo. Acuñada en la Casa de la Moneda, viajó en flotas hacia Sevilla y, a través del galeón de Manila, hasta China, financiando guerras europeas, comercio global e inflación de precios en el Viejo Continente. Para sostener semejante producción, el virrey Francisco de Toledo institucionalizó a partir de 1572 la mita minera: cada año, miles de indígenas de un amplio radio de provincias eran conducidos a Potosí para trabajar en condiciones extremas en las galerías del cerro y en los ingenios donde se refinaba el metal con mercurio.
Ese esplendor tuvo un costo humano inmenso y prolongado durante casi tres siglos. Generaciones de mitayos y de esclavos africanos murieron por derrumbes, silicosis, envenenamiento con azogue y jornadas agotadoras bajo tierra. Potosí concentra así las dos caras de la historia colonial americana: la del lujo barroco de sus iglesias y la de la explotación que sostuvo al Imperio. En reconocimiento a esa doble condición, la Unesco declaró la ciudad de Potosí Patrimonio de la Humanidad en 1987.
El Alto Perú fue pionero de la emancipación hispanoamericana. El 25 de mayo de 1809, en la ciudad de Chuquisaca (Sucre), un movimiento encabezado por los oidores de la Audiencia y por los 'Doctores de Charcas' formados en la Universidad de San Francisco Xavier depuso al presidente Ramón García de León y Pizarro. Es el llamado 'primer grito libertario de América', que precedió a las juntas de Quito, La Paz, Caracas y Buenos Aires. El 16 de julio de 1809 estalló en La Paz una revolución más radical, dirigida por Pedro Domingo Murillo, que instaló una Junta Tuitiva; el movimiento fue aplastado y Murillo ejecutado en enero de 1810, pero su frase —'la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar'— lo consagró como mártir y prócer nacional.
La guerra fue larga y feroz, y se extendió por quince años. En los valles y montañas surgieron las llamadas 'republiquetas', focos de guerrilla rural que resistieron al ejército realista con apoyo campesino e indígena. Entre sus caudillos destacaron Ignacio Warnes en Santa Cruz, Manuel Ascensio Padilla y, sobre todo, Juana Azurduy de Padilla, la heroína que combatió al frente de sus tropas y que hoy es símbolo de la lucha independentista y de las mujeres bolivianas. También Cochabamba tuvo su gesta con las Heroínas de la Coronilla (1812) y Tarija con la batalla de la Tablada (1817), dirigida por Eustaquio 'Moto' Méndez.
Estas guerrillas, aisladas del resto del continente por la reconquista realista del Perú, desgastaron durante años al poder colonial hasta que la independencia continental cambió el equilibrio. La derrota final de las tropas realistas en la batalla de Tumusla, el 1 de abril de 1825, abrió el camino para la creación de la nueva república en el corazón mismo de Sudamérica.
La independencia definitiva llegó con la campaña del mariscal Antonio José de Sucre, lugarteniente de Simón Bolívar, que tras la decisiva victoria de Ayacucho (diciembre de 1824) liberó el Alto Perú. Sucre convocó a una asamblea de representantes de las provincias altoperuanas que, reunida en Chuquisaca, proclamó la independencia el 6 de agosto de 1825 y decidió crear un Estado propio, separado tanto del Perú como de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La nueva república fue bautizada 'Bolívar' —luego Bolivia— en honor al Libertador, designado 'Padre de la República'.
Bolívar redactó la primera Constitución del país, la llamada Constitución vitalicia de 1826, y Sucre asumió como primer presidente. La ciudad de Chuquisaca pasó a llamarse Sucre en su honor y quedó como capital. Sin embargo, la joven nación nació frágil: heredaba una economía minera arruinada por las guerras, una población mayoritariamente indígena sometida al tributo colonial y una élite criolla reducida. Sucre gobernó poco tiempo y debió renunciar en 1828 tras una invasión peruana y crecientes tensiones internas.
A continuación, el mariscal Andrés de Santa Cruz encabezó un período de relativa organización institucional y, entre 1836 y 1839, intentó unir Bolivia y Perú en una Confederación Perú-Boliviana. El proyecto, que amenazaba el equilibrio regional, fue derrotado por la intervención de Chile y de la Argentina y se disolvió tras la batalla de Yungay. Comenzaba entonces un largo ciclo de inestabilidad, caudillos militares y golpes que marcaría gran parte del siglo XIX boliviano.
El siglo XIX boliviano fue turbulento, marcado por golpes de Estado, caudillos militares y una economía dependiente de la minería. Tras la caída de la Confederación, se sucedieron gobiernos como los de José Ballivián —vencedor en la batalla de Ingavi (1841), que aseguró la existencia del país frente a las ambiciones peruanas— y figuras autoritarias y excéntricas como Mariano Melgarejo, cuyo gobierno (1864-1871) malbarató territorio y tierras comunales indígenas. Poco a poco, el resurgimiento de la minería de la plata en Potosí y en el sur consolidó a una oligarquía minera vinculada a los partidos Conservador y Liberal.
El golpe más duro del siglo llegó con la Guerra del Pacífico (1879-1883). Aliada al Perú por un tratado secreto, Bolivia se enfrentó a Chile a raíz del impuesto a las salitreras del litoral. El 14 de febrero de 1879 Chile ocupó el puerto de Antofagasta, y el 23 de marzo, en el combate de Calama, murió heroicamente Eduardo Avaroa defendiendo el puente del Topáter; su figura se convirtió en el mayor héroe nacional y el 23 de marzo se conmemora como Día del Mar. Derrotada, Bolivia perdió todo su litoral sobre el océano Pacífico y quedó como país mediterráneo, condición que convirtió la reivindicación marítima en una causa nacional permanente.
A fines de siglo, el auge del estaño desplazó a la plata y trasladó el eje del poder económico y político del sur hacia La Paz. La rivalidad entre Sucre y La Paz derivó en la Guerra Federal de 1899, en la que los liberales paceños, con apoyo de milicias aymaras dirigidas por Pablo Zárate 'Willka', se impusieron. Como resultado, La Paz se consolidó como sede del gobierno, aunque Sucre conservó el título de capital constitucional, situación que perdura hasta hoy.
A comienzos del siglo XX, Bolivia era uno de los mayores productores mundiales de estaño, un metal clave para la industria y la Primera Guerra Mundial. La economía giraba en torno a los 'barones del estaño' —Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo—, encabezados por Patiño, un cochabambino de origen humilde convertido en uno de los hombres más ricos del planeta y símbolo del poder de la 'rosca minera'. Frente a esa concentración de riqueza convivían masas de mineros e indígenas empobrecidos, y crecían las ideas socialistas, indigenistas y nacionalistas.
En ese contexto, Bolivia se lanzó a otra guerra catastrófica: la Guerra del Chaco (1932-1935) contra el Paraguay, por el control del árido Chaco Boreal y sus supuestas reservas de petróleo, disputa en la que también pesaron los intereses de compañías petroleras. Bolivia movilizó a cerca de 250.000 hombres y sufrió una derrota humillante: el país perdió decenas de miles de vidas —muchos soldados eran indígenas del altiplano poco preparados para el calor y la sed del Chaco— y cedió la mayor parte del territorio en disputa. El cese del fuego se firmó el 12 de junio de 1935.
La tragedia del Chaco tuvo una consecuencia decisiva: forjó una nueva conciencia nacional entre los excombatientes. La llamada 'generación del Chaco' cuestionó al viejo orden oligárquico y a la 'rosca' minera, y de ella surgieron los movimientos y partidos —el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la izquierda marxista, el nacionalismo militar— que transformarían el país. Los gobiernos militares 'socialistas' de David Toro y Germán Busch de fines de los años treinta ensayaron la primera nacionalización petrolera (creación de YPFB, 1936-1937), anticipando los grandes cambios que llegarían en 1952.
El 9 de abril de 1952 estalló en Bolivia una insurrección popular que dio origen a uno de los acontecimientos más importantes de la historia latinoamericana del siglo XX: la Revolución Nacional. Encabezada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo a la cabeza y el respaldo decisivo de los mineros armados y de los sindicatos, la revolución tomó el poder tras derrotar al ejército. El MNR reclamaba así el triunfo electoral que había obtenido en 1951 y que había sido desconocido por una junta militar.
El nuevo gobierno impulsó tres medidas transformadoras. Primero, el voto universal, establecido por decreto el 21 de julio de 1952, que por primera vez otorgó el derecho a sufragio a los indígenas, a las mujeres y a los analfabetos, multiplicando el padrón electoral. Segundo, la nacionalización de las grandes minas de estaño: el 31 de octubre de 1952, en el campo María Barzola de Catavi, Paz Estenssoro firmó el decreto que transfería las minas de Patiño, Hochschild y Aramayo a la nueva Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Tercero, la reforma agraria, decretada el 2 de agosto de 1953 en Ucureña, que abolió el régimen de servidumbre en el campo y repartió la tierra entre los campesinos.
La Revolución de 1952 cambió Bolivia para siempre: incorporó a las mayorías indígenas y campesinas a la vida política, creó la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) y sentó las bases de un Estado más nacional. Sin embargo, no logró estabilidad duradera. Los conflictos internos del MNR, las presiones económicas y la creciente influencia militar —con apoyo de Estados Unidos en plena Guerra Fría— fueron minando el proceso, que terminó abruptamente con el golpe militar de 1964.
El 4 de noviembre de 1964, un golpe de Estado encabezado por el general René Barrientos derrocó a Paz Estenssoro e inauguró un largo ciclo de gobiernos militares que se prolongó hasta 1982. Barrientos, apoyado en un pacto con los campesinos pero enfrentado a los mineros —a quienes reprimió duramente en episodios como la masacre de San Juan de 1967—, gobernó hasta su muerte en un accidente de helicóptero en 1969. Fue durante su mandato cuando, en octubre de 1967, el guerrillero Ernesto 'Che' Guevara, que intentaba abrir un foco revolucionario en Ñancahuazú, fue capturado y ejecutado al día siguiente en la escuela de La Higuera, en el sudeste boliviano.
Tras un breve interludio de gobiernos nacionalistas de izquierda (Ovando, Torres), en agosto de 1971 el general Hugo Banzer tomó el poder mediante un golpe y estableció una de las dictaduras más largas y represivas del país, marcada por la ilegalización de los partidos, la persecución sindical y la desaparición de opositores. El período más brutal llegó con el 'narcogolpe' de Luis García Meza en julio de 1980, vinculado al narcotráfico y a la represión, con centenares de asesinados y desaparecidos, entre ellos el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La presión popular, la crisis económica y el aislamiento internacional forzaron la salida de los militares. En octubre de 1982, Hernán Siles Zuazo asumió la presidencia y Bolivia recuperó la democracia. Pero el nuevo gobierno heredó una economía en ruinas que desembocó en una hiperinflación devastadora: entre 1984 y 1985 los precios se multiplicaron por cientos, una de las mayores hiperinflaciones de la historia mundial. La crisis fue finalmente controlada en agosto de 1985 con el Decreto Supremo 21060 y la 'Nueva Política Económica' de un Paz Estenssoro ya anciano, un durísimo ajuste neoliberal que estabilizó la moneda pero cerró minas de la COMIBOL y expulsó a miles de mineros hacia El Alto y el Chapare.
Entre 1985 y 2000, Bolivia vivió un período de democracia pactada y de aplicación del modelo neoliberal. Gobiernos del MNR, la ADN de Banzer y el MIR se alternaron aplicando privatizaciones, apertura comercial y la llamada 'capitalización' de las empresas estatales durante el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), que también impulsó reformas como la participación popular y el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del país en la Constitución de 1994. Sin embargo, el modelo dejó fuera a amplios sectores populares e indígenas, cuyo descontento fue creciendo.
Ese malestar estalló en la 'Guerra del Agua' de Cochabamba, entre enero y abril de 2000. La privatización del servicio de agua potable, concedido a un consorcio ligado a la multinacional Bechtel, provocó fuertes alzas de tarifas y una rebelión popular masiva que, tras enfrentamientos y muertos, logró revertir la privatización. Fue el primer gran triunfo del nuevo ciclo de movilización social y un símbolo mundial de resistencia a la mercantilización de los recursos naturales.
La tensión culminó en la 'Guerra del Gas' de octubre de 2003. El plan del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas natural a través de un puerto chileno desató una insurrección en El Alto y La Paz. La represión dejó más de sesenta muertos —la llamada 'Masacre de octubre'—, y el 17 de octubre de 2003 Sánchez de Lozada renunció y huyó del país. Le sucedió Carlos Mesa, y en 2005 una nueva ola de protestas precipitó elecciones anticipadas. El ciclo de rebeliones, liderado por movimientos campesinos, cocaleros e indígenas, había transformado por completo el mapa político boliviano.
En diciembre de 2005, Evo Morales Ayma, dirigente cocalero de origen aymara nacido en Orinoca (Oruro), ganó las elecciones con una mayoría histórica y, en enero de 2006, se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia, al frente del Movimiento al Socialismo (MAS). Su llegada al poder representó un giro profundo: por primera vez, un país con mayoría indígena era gobernado por un líder que reivindicaba abiertamente esa identidad.
Entre sus primeras medidas destacó la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 1 de mayo de 2006 mediante el Decreto Supremo 28701, que devolvió al Estado el control de los recursos gasíferos y multiplicó los ingresos fiscales, permitiendo financiar bonos sociales y obras públicas en un contexto de altos precios internacionales. En 2009, tras una Asamblea Constituyente y un referéndum, se promulgó el 7 de febrero una nueva Constitución que refundó el país como Estado Plurinacional de Bolivia, reconoció a treinta y seis naciones y pueblos indígenas, oficializó sus lenguas, estableció autonomías y consagró conceptos andinos como el 'vivir bien' (suma qamaña).
Durante casi catorce años, Bolivia experimentó crecimiento económico, reducción de la pobreza y estabilidad social, pero también crecientes tensiones por la reelección indefinida de Morales. Tras perder un referéndum en 2016 y presentarse igualmente a un cuarto mandato, las elecciones de octubre de 2019, cuestionadas por denuncias de fraude, desataron una grave crisis. En medio de protestas y del retiro del apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, Morales renunció en noviembre de 2019 y partió al exilio, primero a México y luego a la Argentina.
La renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 abrió uno de los períodos más convulsos de la historia reciente. La senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina en circunstancias muy discutidas, y su gobierno de transición estuvo marcado por una fuerte polarización y por hechos de violencia como las represiones de Sacaba y Senkata, que dejaron decenas de muertos. La pandemia de covid-19 golpeó al país y postergó las elecciones convocadas para dirimir la crisis.
En octubre de 2020, los comicios dieron un triunfo contundente a Luis Arce, exministro de Economía de Morales y considerado el artífice del modelo económico del período anterior, quien asumió la presidencia en noviembre de ese año y devolvió el poder al MAS. Su gobierno, sin embargo, debió enfrentar una difícil situación económica —agravada por la caída de la producción y las exportaciones de gas— y, sobre todo, una profunda ruptura interna entre 'arcistas' y 'evistas', es decir, entre los seguidores de Arce y los de Morales, que fracturó al oficialismo y dominó la política de los años siguientes.
En el plano de los recursos, Bolivia se juega buena parte de su futuro en el litio del Salar de Uyuni, que alberga una de las mayores reservas del mundo y que el Estado busca industrializar como base de una nueva economía. País mediterráneo que mantiene viva su reivindicación marítima, plurinacional en su Constitución y en su vida cotidiana, con una geografía que va de los nevados andinos a la Amazonía y una riqueza cultural expresada en su música, sus tejidos y sus fiestas, la Bolivia contemporánea sigue debatiéndose entre sus enormes potencialidades y las tensiones políticas y económicas de un proyecto de país todavía en construcción.