Mucho antes de que asomaran las velas europeas, el actual territorio argentino era un mosaico de pueblos con lenguas, economías y creencias radicalmente distintas. Los cálculos historiográficos estiman que hacia comienzos del siglo XVI la población indígena de la región no superaba los 300.000 habitantes, repartidos en al menos una docena de grandes conjuntos culturales. En el noroeste, sobre los valles Calchaquíes y la quebrada de Humahuaca, florecieron sociedades agroalfareras avanzadas: los diaguitas, junto con omaguacas y atacamas, construyeron terrazas de cultivo, sistemas de riego y pucarás fortificados, dominaron la metalurgia del bronce y quedaron integrados durante el siglo XV al Tahuantinsuyo incaico, cuyo Camino del Inca todavía atraviesa la región.
En el litoral fluvial y la Mesopotamia se asentaron los guaraníes, ramas del gran tronco tupí-guaraní llegadas desde la Amazonia, agricultores de maíz y mandioca cuya lengua sobrevive hoy en el habla cotidiana del nordeste. En las sierras centrales de Córdoba y San Luis vivían los comechingones y sanavirones, que habitaban viviendas semisubterráneas; en la región de Cuyo, los huarpes practicaban una agricultura de regadío. Las llanuras pampeanas eran territorio de los querandíes, cazadores del guanaco y el ñandú, mientras que el Chaco estaba poblado por los aguerridos pueblos guaycurúes.
Hacia el sur, la Patagonia era dominio de los tehuelches, cazadores nómadas de gran estatura que asombraron a los cronistas europeos, y Tierra del Fuego albergaba a los selk'nam u onas, a los yámanas y a los kawésqar, sociedades de cazadores y canoeros adaptadas al clima más austral del continente. A partir del siglo XVIII, pueblos mapuches provenientes del actual Chile se expandieron por la pampa y la Patagonia norte en un proceso conocido como araucanización, incorporando el caballo y transformando la vida de las llanuras. Este universo diverso no fue un telón de fondo pasivo: muchos de estos pueblos resistieron durante siglos y su legado agrícola, textil, alfarero y lingüístico sigue vivo en la cultura argentina contemporánea.
El primer europeo en internarse en el estuario del Plata fue Juan Díaz de Solís en 1516, muerto poco después a manos de los indígenas de la orilla. En 1536 Pedro de Mendoza levantó un primer y efímero asentamiento de Buenos Aires que el hambre y los ataques hicieron abandonar en pocos años; la ciudad debió refundarse de manera definitiva recién en 1580, de la mano de Juan de Garay. Durante todo ese período la puerta atlántica fue marginal, y la verdadera colonización llegó desde el otro extremo: bajando desde el Alto Perú y la plata de Potosí, y cruzando la cordillera desde Chile, los conquistadores fundaron las ciudades del interior que serían el corazón poblado del país durante dos siglos.
Santiago del Estero, establecida en 1553 por Francisco de Aguirre, es la ciudad más antigua en pie del territorio argentino y ganó el título de "Madre de Ciudades": de ella partieron las expediciones que fundaron San Miguel de Tucumán (1565), Córdoba (1573), Salta (1582), La Rioja (1591), San Salvador de Jujuy (1593) y San Fernando del Valle de Catamarca (1683). Desde el oeste, colonos venidos de Chile fundaron Mendoza (1561), San Juan (1562) y San Luis (1594), integrando la región de Cuyo. Córdoba se convertiría en un centro cultural de primer orden con la creación, por los jesuitas, de la universidad más antigua del país en 1613.
La conquista no fue un proceso pacífico ni lineal. En los valles Calchaquíes, los diaguitas sostuvieron una resistencia feroz que se prolongó por más de un siglo, en las llamadas Guerras Calchaquíes, hasta su derrota y deportación masiva a mediados del siglo XVII. El sistema de la encomienda sometió a la población indígena al trabajo forzado, mientras las misiones jesuíticas guaraníes del nordeste —hoy patrimonio de la humanidad en San Ignacio Miní y otras reducciones— ensayaban un modelo de evangelización y organización comunitaria singular hasta la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Bajo los Habsburgo, el actual territorio argentino quedó dividido entre la Gobernación del Tucumán y la del Río de la Plata, ambas subordinadas al lejano Virreinato del Perú, en una economía de subsistencia orientada a abastecer las minas altoperuanas.
El siglo XVIII trajo un cambio de dinastía en España —los Borbones— y con ellos un vasto programa de reformas destinado a modernizar y centralizar la administración imperial. En ese marco, el 1 de agosto de 1776 el rey Carlos III creó, primero de manera provisional y luego permanente en 1777, el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. La medida, impulsada por su secretario de Indias José de Gálvez, respondía a razones geopolíticas y económicas: contener el avance portugués desde Colonia del Sacramento y el Brasil, y ordenar el creciente comercio del Atlántico sur.
El nuevo virreinato reunió bajo una misma jurisdicción territorios que hoy corresponden a la Argentina, el Uruguay, el Paraguay y Bolivia, incluyendo la riquísima región minera del Alto Perú y su Audiencia de Charcas. Pedro de Cevallos fue el primer virrey, y su expedición desalojó a los portugueses de posiciones clave. En 1782 la corona reorganizó el territorio en ocho intendencias, buscando una administración más eficiente y un control fiscal más estricto sobre las colonias.
El efecto más trascendente fue el ascenso de Buenos Aires. Hasta entonces una aldea contrabandista de espaldas al imperio, la ciudad porteña se convirtió en cabecera política y comercial. El Reglamento de Libre Comercio de 1778 habilitó su puerto para el intercambio directo con España, y una poderosa clase de grandes comerciantes se afianzó como élite económica. Ese protagonismo porteño alimentó tensiones con el interior y con las autoridades peninsulares, y contribuyó a forjar una identidad y unos intereses locales que, tres décadas más tarde, cristalizarían en el movimiento revolucionario. Las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, rechazadas por milicias criollas sin apenas ayuda de la metrópoli, dieron a esos criollos la conciencia de su propia fuerza y sembraron la semilla de la autonomía.
La crisis de la monarquía española tras la invasión napoleónica de 1808 —con Fernando VII cautivo y la Junta Central Suprema disuelta— fue el detonante. Entre el 18 y el 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires, una sucesión de cabildos abiertos y presiones populares desembocó en la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la formación de la Primera Junta de gobierno. La presidía Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, e integraban entre otros Manuel Belgrano, Mariano Moreno y Juan José Castelli. Formalmente el nuevo gobierno seguía jurando lealtad a Fernando VII —la llamada "máscara de Fernando"—, pero en los hechos había comenzado el proceso de emancipación.
La ruptura con España abrió una larga y sangrienta guerra de independencia. Los patriotas vencieron en Suipacha a fines de 1810, pero fracasaron en sus intentos de dominar el Alto Perú. Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional en 1812, condujo el Ejército del Norte y triunfó en las batallas de Tucumán (1812) y Salta (1813). El 9 de julio de 1816, en plena guerra y con buena parte del continente aún bajo control realista, el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, rompiendo todo vínculo con la corona española.
La figura decisiva de la gesta emancipadora fue José de San Martín. Convencido de que el enemigo debía batirse en su centro de poder —Lima—, planeó desde Mendoza la más audaz de las operaciones. Entre el 12 de enero y el 8 de febrero de 1817 su Ejército de los Andes, unos 4.000 soldados regulares y 1.200 milicianos con miles de mulas y caballos, cruzó la cordillera por varios pasos de más de 4.000 metros de altura en una hazaña logística comparable a las de Aníbal o Napoleón. La victoria de Chacabuco liberó Chile, y la campaña continuó por mar hasta el Perú, donde San Martín proclamó la independencia en 1821. Su histórica entrevista con Simón Bolívar en Guayaquil, en 1822, y su posterior retiro, cerraron el ciclo de la independencia sudamericana.
Lograda la independencia, faltaba lo más difícil: construir un Estado. Durante décadas, las antiguas provincias del virreinato no lograron acordar qué forma darle al país, y la cuestión derivó en un enfrentamiento largo y feroz entre dos proyectos. Los unitarios, con base en Buenos Aires y en la élite ilustrada, defendían un gobierno central fuerte y una economía abierta al comercio con Europa. Los federales, apoyados en los caudillos del interior y del litoral, reclamaban autonomía provincial y protección para las economías regionales. El fracaso de la Constitución unitaria de 1826 y el asesinato del gobernador federal Manuel Dorrego en 1828 encendieron la guerra civil.
De ese caos emergió la figura dominante de la primera mitad del siglo: Juan Manuel de Rosas, estanciero y caudillo federal, gobernador de Buenos Aires entre 1829 y 1832 y nuevamente desde 1835 hasta 1852. Rosas gobernó con la suma del poder público y ejerció el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, imponiendo un orden basado en la lealtad personal, el rojo punzó federal y la represión de sus opositores a través de la Mazorca. Bajo su mandato el país resistió los bloqueos francés y anglo-francés al Río de la Plata, defendiendo la soberanía nacional, mientras muchos intelectuales unitarios —Sarmiento, Alberdi, Echeverría, Mármol— escribían desde el exilio en Chile y Montevideo las obras fundacionales de la literatura y el pensamiento argentinos.
El régimen rosista terminó por chocar con las ambiciones de sus propios aliados. Justo José de Urquiza, poderoso gobernador de Entre Ríos, se levantó contra Rosas y organizó el llamado Ejército Grande, una coalición que sumó fuerzas del Brasil, del Uruguay y de las provincias litoraleñas de Corrientes y Santa Fe, junto a los unitarios exiliados. El 3 de febrero de 1852, en la batalla de Caseros —la más numerosa de la historia argentina, con unos 50.000 combatientes en total—, Rosas fue derrotado y debió exiliarse en Inglaterra, donde murió. Caseros no fue el fin de los conflictos, pero abrió por primera vez un camino real hacia la organización constitucional del país.
Tras la caída de Rosas, Urquiza convocó a las provincias mediante el Acuerdo de San Nicolás y reunió un Congreso General Constituyente en Santa Fe. El 1 de mayo de 1853 se sancionó la Constitución Nacional, inspirada en las ideas de Juan Bautista Alberdi expuestas en sus Bases, que adoptó una forma de gobierno representativa, republicana y federal, con división de poderes, libertades individuales y un fuerte fomento de la inmigración y la inversión extranjera. La aprobaron trece de las catorce provincias, pero Buenos Aires, celosa de sus rentas aduaneras, se negó a firmar y se separó del resto durante casi una década, dando lugar a dos Estados enfrentados.
La unidad se resolvió por las armas y la negociación. La batalla de Cepeda (1859) y sobre todo la de Pavón (1861), donde Bartolomé Mitre se impuso a Urquiza, permitieron la reincorporación de Buenos Aires y la unificación definitiva del país bajo la Constitución reformada. Se inauguró entonces el período de las llamadas presidencias fundadoras: Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880). Sarmiento, autor del Facundo y apóstol de la educación pública, impulsó escuelas, ferrocarriles y el primer censo nacional; Mitre organizó las instituciones y la justicia federal.
Este período estuvo marcado también por episodios trágicos. La Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), en la que Argentina, Brasil y Uruguay combatieron al Paraguay de Francisco Solano López, se prolongó cinco años pese al optimismo inicial de Mitre y dejó al Paraguay devastado, con la muerte de una enorme proporción de su población. Los soldados que regresaron de aquel frente trajeron consigo la fiebre amarilla, que en 1871 asoló Buenos Aires y mató a cerca del quince por ciento de sus habitantes. Sobre este período de consolidación institucional, no exento de sombras, se levantaría el gran salto modernizador de las décadas siguientes.
La llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia en 1880, bajo el lema "Paz y Administración", inauguró el largo predominio de la llamada Generación del 80: una élite liberal, laica y modernizadora que gobernó el país durante décadas a través del Partido Autonomista Nacional. Buenos Aires fue federalizada como capital ese mismo año, poniendo fin a las viejas disputas por la ciudad-puerto. El proyecto de esta generación tenía una base económica clara: insertar a la Argentina en el mercado mundial como gran proveedor de carnes, cereales y lana para las industrias y las mesas de Europa.
Ese modelo agroexportador transformó al país. Capitales británicos financiaron una densa red ferroviaria —una de las más extensas del mundo— que abría el interior a la exportación y confluía como un abanico en el puerto de Buenos Aires; se tendieron líneas telegráficas, se construyeron frigoríficos y elevadores de granos, y la pampa húmeda se convirtió en el motor de una de las economías de más rápido crecimiento del planeta. Hacia 1913 la Argentina figuraba entre los diez países de mayor ingreso per cápita del mundo, y Buenos Aires se llenaba de teatros, avenidas y palacios que le valieron el apodo de "París de Sudamérica".
El combustible humano de ese crecimiento fue una inmigración masiva. Alentada por la ley de 1876 y por la propia Constitución, la Argentina recibió entre 1880 y 1930 a millones de europeos —sobre todo italianos y españoles, pero también franceses, alemanes, sirio-libaneses, judíos de Europa oriental, galeses y polacos—. Según el censo de 1914, cerca del 30 por ciento de la población era extranjera, la proporción más alta del mundo, y en ciudades como Buenos Aires los inmigrantes llegaban a ser mayoría. De aquel crisol nacieron el lunfardo, el tango, una cocina mestiza y buena parte de la identidad urbana argentina. Pero el modelo tuvo su cara oscura: para expandir la frontera agrícola, entre 1878 y 1885 el Estado condujo la Conquista del Desierto, una campaña militar que sometió y en muchos casos exterminó a los pueblos originarios de la pampa y la Patagonia, repartió sus tierras entre grandes propietarios y desplazó o esclavizó a los sobrevivientes.
El orden político de la Generación del 80 era próspero pero excluyente: el sufragio se ejercía de manera pública, con fraude generalizado y "voto cantado" controlado por caudillos locales, de modo que el poder circulaba dentro de una estrecha élite. Contra ese régimen surgió, a fines del siglo XIX, la Unión Cívica Radical (UCR), un movimiento de clases medias urbanas y sectores excluidos que reclamaba elecciones limpias y llegó a organizar levantamientos armados. La presión social y el temor a un estallido llevaron al presidente Roque Sáenz Peña a impulsar una reforma histórica.
En febrero de 1912 el Congreso sancionó la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio para los varones mayores de edad. La reforma terminó con el fraude tradicional y amplió enormemente la participación electoral. Su primer gran efecto llegó en 1916, cuando en los primeros comicios realizados bajo el nuevo sistema triunfó la UCR y Hipólito Yrigoyen accedió a la presidencia. Se abría así una etapa de tres presidencias radicales: la primera de Yrigoyen (1916-1922), la de Marcelo T. de Alvear (1922-1928) y la segunda de Yrigoyen (1928-1930).
Los gobiernos radicales impulsaron leyes obreras, la reforma universitaria de 1918 —nacida en Córdoba y de enorme influencia en toda América Latina— y una política exterior más autónoma, aunque también enfrentaron duros conflictos sociales, reprimidos con violencia en episodios como la Semana Trágica de 1919 y las huelgas de la Patagonia. La experiencia democrática se interrumpió abruptamente el 6 de septiembre de 1930, cuando un golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu derrocó a Yrigoyen. Fue el primer golpe de Estado del siglo XX argentino e inauguró la llamada Década Infame (1930-1943), marcada por el retorno de los conservadores mediante el fraude electoral, la firma de acuerdos comerciales polémicos con Gran Bretaña y una corrupción que dio nombre al período.
El golpe militar de 1943 que puso fin a la Década Infame trajo al primer plano a un coronel poco conocido, Juan Domingo Perón, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión construyó una base de apoyo entre los trabajadores mediante leyes laborales, convenios colectivos y derechos sociales inéditos. Su ascenso alarmó a los sectores conservadores y a sus propios camaradas de armas, que en octubre de 1945 lo detuvieron. La respuesta fue una movilización obrera masiva: el 17 de octubre de 1945, multitudes de trabajadores marcharon a la Plaza de Mayo para exigir su liberación, jornada que el peronismo consagraría como su acto de nacimiento. Meses después, en 1946, Perón ganó las elecciones presidenciales.
Los dos gobiernos peronistas (1946-1955) transformaron a fondo la sociedad argentina bajo la bandera de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, los tres pilares del justicialismo. Se nacionalizaron los ferrocarriles y servicios públicos, se industrializó el país, se ampliaron derechos laborales como el aguinaldo y las vacaciones pagas, y se extendió el acceso a la salud, la educación y la vivienda. Figura central de esa epopeya fue Eva Perón, Evita, que canalizó la ayuda social a través de su Fundación y encabezó la conquista de un derecho decisivo: el 23 de septiembre de 1947 se sancionó la ley del voto femenino, y en 1951 las mujeres argentinas votaron por primera vez. Evita murió de cáncer en 1952, a los 33 años, convertida en un mito popular.
El peronismo también fue un fenómeno divisivo y autoritario en muchos aspectos: hostigó a la prensa y a la oposición, tensó su relación con la Iglesia y polarizó a la sociedad entre peronistas y antiperonistas, una "grieta" que marcaría la política nacional durante generaciones. El desenlace fue violento: el 16 de junio de 1955 aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo llena de civiles, y el 16 de septiembre de ese año un golpe militar autodenominado Revolución Libertadora derrocó a Perón, que partió a un largo exilio. El nuevo régimen proscribió al peronismo y prohibió incluso nombrarlo, pero lejos de borrarlo, lo transformó en una identidad tenaz que sobreviviría en la clandestinidad durante dieciocho años y seguiría siendo la fuerza más poderosa de la política argentina hasta el presente.
Las tres décadas posteriores a la caída de Perón fueron un péndulo de inestabilidad crónica. Gobiernos civiles débiles, elegidos con el peronismo proscripto, alternaron con golpes militares: Frondizi (1958) y Illia (1963) fueron derrocados, y en 1966 el general Juan Carlos Onganía instauró la autodenominada Revolución Argentina. El malestar social estalló en 1969 en el Cordobazo, una insurrección obrero-estudiantil en Córdoba, y la conflictividad política se radicalizó con la aparición de organizaciones guerrilleras. Perón regresó del exilio y volvió a la presidencia en 1973, pero murió en julio de 1974, dejando el gobierno en manos de su viuda, María Estela Martínez de Perón, "Isabelita", en medio de una crisis económica y de una escalada de violencia política con la parapolicial Triple A.
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe y establecieron una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, con el general Jorge Rafael Videla como primer presidente de facto. Fue la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El régimen implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado: secuestros, torturas en cientos de centros clandestinos de detención como la ESMA, ejecuciones, robo de bebés de detenidas y la desaparición forzada de personas. Las organizaciones de derechos humanos cifran simbólicamente en 30.000 el número de desaparecidos. Frente a ese horror se alzaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban por sus hijos y nietos rondando la plaza con sus pañuelos blancos.
Económicamente, la dictadura aplicó políticas que dispararon el endeudamiento externo y desindustrializaron el país. Desgastada por la crisis y las denuncias internacionales, la Junta encabezada por Leopoldo Galtieri buscó una salida en el nacionalismo: el 2 de abril de 1982 desembarcó tropas en las Islas Malvinas, en poder británico desde 1833. La Guerra de Malvinas contra el Reino Unido terminó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina y la muerte de 649 soldados, muchos de ellos jóvenes conscriptos. La derrota selló la suerte del régimen: entre el descrédito militar, la catástrofe económica y las masivas protestas populares, la dictadura se vio forzada a convocar elecciones y a iniciar la retirada.
El 30 de octubre de 1983 los argentinos eligieron presidente al radical Raúl Alfonsín, que asumió el 10 de diciembre e inauguró el período democrático más largo y estable de la historia del país. Su gobierno tomó una decisión sin precedentes en América Latina: juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. La comisión CONADEP recopiló los testimonios que dieron origen al informe Nunca Más, y en 1985 el histórico Juicio a las Juntas condenó a los máximos jefes de la dictadura, entre ellos Videla y Massera, a reclusión perpetua. La presión militar, sin embargo, forzó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que limitaron el alcance de la justicia. El gobierno de Alfonsín naufragó en una hiperinflación devastadora que en 1989 lo obligó a entregar el poder anticipadamente.
Lo sucedió el peronista Carlos Menem (1989-1999), que aplicó un giro neoliberal: privatizó empresas públicas, abrió la economía y en 1991, con el plan de Convertibilidad de su ministro Domingo Cavallo, ancló el peso al dólar en una paridad "uno a uno" que derrotó la inflación pero al precio de un creciente endeudamiento, desempleo y desindustrialización. El modelo colapsó bajo el gobierno de Fernando de la Rúa: en diciembre de 2001, el congelamiento de los depósitos bancarios conocido como "corralito" desató protestas, saqueos y una represión que dejó decenas de muertos. De la Rúa renunció y huyó de la Casa Rosada en helicóptero; el país tuvo cinco presidentes en pocos días, declaró el mayor default de deuda soberana de la historia y abandonó la convertibilidad, hundiéndose en la peor crisis social de su historia, con la pobreza rozando la mitad de la población.
De aquel abismo emergió una nueva etapa. Néstor Kirchner (2003-2007) y luego su esposa Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) gobernaron doce años consecutivos, favorecidos por el auge de las materias primas: reestructuraron la deuda, impulsaron la recuperación económica y el consumo, y reactivaron con fuerza los juicios por delitos de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad, condenando a cientos de represores. Les siguieron la presidencia de centroderecha de Mauricio Macri (2015-2019), el retorno del peronismo con Alberto Fernández (2019-2023) —marcado por la pandemia de COVID-19— y, en un giro histórico, la elección en 2023 del libertario Javier Milei. En el terreno de la memoria y también del deporte —con las glorias mundialistas de 1978, 1986 y 2022—, la Argentina del siglo XXI sigue lidiando con su vieja paradoja: un país de enorme riqueza y talento, atravesado por crisis económicas recurrentes y por una identidad apasionada y en permanente debate consigo misma.