Antes de que existiera Liechtenstein existían Vaduz y Schellenberg: dos pequeños territorios en el alto valle del Rin que en la Antigüedad habían formado parte de la provincia romana de Recia y que, en la Edad Media, quedaron dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. La zona estuvo poblada desde tiempos remotos —hay hallazgos que se remontan miles de años—, y bajo Roma fue tierra de paso y de guarniciones que vigilaban los caminos alpinos frente a las incursiones germánicas.
El condado de Vaduz se formó hacia 1342, cuando se separó del más amplio condado de Werdenberg. Junto con el señorío de Schellenberg, más al norte, tenía una particularidad decisiva para lo que vendría después: ambos gozaban de la llamada 'inmediatez imperial' (Reichsunmittelbarkeit), es decir, dependían directamente del emperador y de nadie más. No respondían a ningún duque ni obispo intermedio, sino a la cabeza misma del Imperio.
Durante los siglos XVI y XVII, los dos territorios pertenecieron a los condes de Hohenems, una familia que terminó arruinada por deudas y por procesos ligados a las cazas de brujas de la región, que dejaron a la población empobrecida y resentida. Esa ruina puso Vaduz y Schellenberg a la venta justo cuando otra familia, mucho más rica y ambiciosa, andaba buscando exactamente eso: un territorio libre, sujeto solo al emperador.
La casa de Liechtenstein era una de las dinastías más ricas de la nobleza austríaca. Tomaba su nombre del castillo de Liechtenstein, cerca de Viena, que la familia poseía desde el siglo XII, y a lo largo de generaciones había acumulado enormes propiedades en Austria, Moravia y Bohemia. Pero tenían un problema de estatus: todas esas tierras las poseían como vasallos de otros señores, de modo que, por más ricos que fueran, no tenían derecho a un asiento en la Dieta Imperial (el Reichstag), el gran consejo de los príncipes del Imperio. Para sentarse ahí hacía falta poseer un territorio con inmediatez imperial.
Ahí entraron Vaduz y Schellenberg. El príncipe Johann Adam Andreas I de Liechtenstein compró el señorío de Schellenberg en 1699, por unos 115.000 florines, y el condado de Vaduz en 1712, por unos 184.000 florines, a los arruinados condes de Hohenems. No le interesaban esas montañas pobres por su valor agrícola —eran de las tierras menos productivas que la familia poseía—, sino por lo que representaban: la llave para entrar en el club de los príncipes soberanos del Imperio.
Johann Adam Andreas murió en 1712, el mismo año en que completó la compra de Vaduz, sin descendencia masculina. La jugada la coronó su sucesor. La familia había perseguido ese objetivo durante casi un siglo, y ahora tenía en sus manos las dos piezas que necesitaba.
El 23 de enero de 1719, el emperador Carlos VI firmó el decreto que unía el condado de Vaduz y el señorío de Schellenberg en una sola entidad y la elevaba al rango de principado, con el nombre de la familia que lo poseía: Liechtenstein. Fue, en rigor, un acto administrativo del Sacro Imperio, pero es la fecha de nacimiento del país que sigue existiendo hoy. El príncipe reinante en ese momento era Anton Florian, que por fin obtuvo para su casa el ansiado asiento entre los príncipes del Imperio.
Hay un detalle que dice mucho sobre el origen del país: durante más de cien años, los príncipes de Liechtenstein gobernaron su principado sin poner un pie en él. Vivían en Viena, entre la corte imperial y sus vastas posesiones en Bohemia y Moravia, y administraban Vaduz a distancia, a través de funcionarios. El territorio era para ellos un título de prestigio y un boleto de entrada a la política imperial, no un hogar. El primer príncipe que visitó realmente sus dominios alpinos lo hizo recién en 1818, casi un siglo después de la fundación.
Mientras tanto, la vida de los pocos miles de campesinos de Vaduz y Schellenberg seguía su ritmo de subsistencia: agricultura de montaña, ganadería, pobreza crónica y una relación distante con unos señores que casi nunca veían. Ese contraste entre la grandeza de la familia y la pobreza del territorio marcaría al país durante generaciones.
El terremoto napoleónico redibujó Europa y, de paso, cambió el estatus de Liechtenstein. En 1806, Napoleón disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, que había existido durante mil años, y reorganizó a los Estados alemanes en la Confederación del Rin, bajo su tutela. Liechtenstein fue incorporado a esa confederación y, paradójicamente, salió ganando: al desaparecer el Imperio del que dependía, el principado quedó convertido en un Estado plenamente soberano. Fue el momento en que Liechtenstein dejó de ser una pieza del Imperio para volverse, técnicamente, un país independiente.
Caído Napoleón, el Congreso de Viena de 1815 volvió a ordenar el mapa. Liechtenstein pasó a integrar la nueva Confederación Germánica, la unión laxa de Estados de habla alemana que reemplazó al viejo Imperio y que existió hasta 1866. Ser el más pequeño de sus miembros no impidió que el principado tuviera que empezar a modernizar sus instituciones.
En 1818 recibió su primera constitución, muy limitada, y ese mismo año un príncipe pisó por fin el territorio. Pero el cambio de fondo llegó con la ola revolucionaria europea de 1848 y sus ecos: en 1862, bajo el príncipe Johann II —que reinaría durante 70 años, uno de los reinados más largos de la historia—, se promulgó una constitución que reconocía libertades civiles y creaba por primera vez el Landtag, el parlamento de Liechtenstein. El país empezaba a ser algo más que una propiedad de la familia.
En 1866, la guerra austro-prusiana partió en dos a la Confederación Germánica y terminó por disolverla. Liechtenstein, miembro de la Confederación, envió su modesto contingente militar a cumplir con sus obligaciones. La anécdota que se cuenta desde entonces —a caballo entre el dato y la leyenda nacional— es que aquellos ochenta y tantos soldados no solo no tuvieron una sola baja, sino que regresaron siendo más de los que habían salido, porque en el camino se les habría sumado un oficial austríaco (o, según otras versiones, un amigo italiano). El episodio resume perfectamente la escala del país y su relación con la guerra.
Disuelta la Confederación, Liechtenstein quedó sin alianza militar y sin sentido para mantener tropas. En 1868 el príncipe y el Landtag tomaron una decisión pragmática: disolver el ejército, de apenas ochenta hombres, porque era demasiado caro para las arcas del principado y no servía para defender nada. Desde entonces, Liechtenstein no tiene fuerzas armadas y se declaró permanentemente neutral.
Esa neutralidad, nacida más de la pobreza y el tamaño que de una gran doctrina, se convirtió con el tiempo en un rasgo de identidad y en una política de Estado. Sin ejército y sin ambiciones territoriales, el país aprendió a sobrevivir haciéndose imprescindible o invisible para sus vecinos, según conviniera. Le vendría muy bien en el siglo que se avecinaba.
Durante más de un siglo, Liechtenstein había vivido atado a Austria: sus príncipes residían en Viena, sus lazos aduaneros, postales y económicos pasaban por el Imperio austrohúngaro, y su clase dirigente miraba hacia el este. Liechtenstein se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), pero su estrecha dependencia de Austria-Hungría lo arrastró igual al desastre económico cuando el Imperio se derrumbó tras la derrota.
El golpe más concreto fue monetario. Al colapsar Austria-Hungría, la corona austríaca se desplomó y con ella se evaporaron los ahorros de la población liechtensteiniana, que usaba esa moneda. La posguerra trajo hambre, inflación y una crisis profunda en un país que ya era pobre de por sí. Quedó claro que atarse a la derrotada y arruinada Austria no tenía futuro.
Así que Liechtenstein hizo un giro histórico hacia el oeste, hacia la próspera y neutral Suiza. En 1919, el principado firmó un acuerdo por el cual Suiza asumía la representación de sus intereses diplomáticos y consulares en el exterior, un vínculo que sigue vigente hoy. Era el primer paso de un realineamiento completo que, en pocos años, convertiría a Liechtenstein en un satélite económico suizo, aunque conservando su plena soberanía política.
El realineamiento con Suiza se selló en lo más práctico: la moneda y las aduanas. Tras el colapso de la corona austríaca, la población empezó a usar el franco suizo en la vida cotidiana, y desde 1920 los impuestos ya se pagaban en francos. Liechtenstein llegó a barajar la idea de emitir su propia moneda, pero con menos de 12.000 habitantes era demasiado chico para sostenerla. La solución fue adoptar la moneda del vecino: en 1924 el parlamento estableció el franco suizo como moneda oficial y única, con el visto bueno de Berna. Desde entonces, Liechtenstein comparte moneda con Suiza sin ser parte de ella.
El otro pilar fue el tratado aduanero. El 29 de marzo de 1923, ambos países firmaron el acuerdo por el cual el principado se incorporaba al territorio aduanero suizo, formando un espacio económico común que entró en vigor el 1 de enero de 1924. Suiza pasó a administrar las fronteras exteriores de Liechtenstein y a representarlo en muchos asuntos comerciales; el principado, a cambio, quedó integrado en el mercado y la estabilidad suizos.
En paralelo, en 1921 Liechtenstein se dio una nueva constitución, inspirada en parte en el modelo suizo, que combinaba monarquía constitucional con democracia parlamentaria y elementos de democracia directa, como el referéndum y la iniciativa popular. Estos tres pasos —constitución de 1921, franco suizo y unión aduanera— fijaron el marco institucional y económico en el que Liechtenstein sigue viviendo un siglo después.
En la Segunda Guerra Mundial, Liechtenstein volvió a declararse neutral y logró atravesar el conflicto sin ser invadido, protegido en buena medida por su alineamiento con Suiza y por su insignificancia estratégica. Pero fue un equilibrio frágil. Existió un partido nazi local, el VDBL, financiado desde Alemania, que en marzo de 1939 intentó un golpe para provocar la anexión del principado al Reich; el intento fracasó y, según los historiadores, el propio Hitler prefirió no complicar sus relaciones con Suiza forzando la anexión. La familia principesca, que hasta entonces vivía en Viena, se trasladó definitivamente a Vaduz en 1938, tras el Anschluss de Austria.
Décadas después, el propio país quiso mirar de frente esa etapa. En 2001 el gobierno creó una Comisión Independiente de Historiadores, presidida por Peter Geiger e integrada por especialistas de Liechtenstein, Israel, Austria y Suiza, que presentó su informe final en 2005. Sus conclusiones fueron matizadas: el principado no explotó de forma masiva a trabajadores esclavos ni confiscó bienes de familias judías en su territorio, pero su política de refugiados fue ambivalente y restrictiva, y concedió la ciudadanía a alrededor de 144 personas judías a cambio de sumas de dinero elevadas, un negocio más que un gesto humanitario.
El punto más incómodo tocó a la propia dinastía. La comisión documentó que en las grandes propiedades agrícolas de la familia Liechtenstein en Austria se emplearon prisioneros —incluidos internos de un campo de concentración cercano a Viena— como mano de obra forzada, y que la casa adquirió bienes y obras de arte que habían pertenecido a judíos expoliados. El estudio concluyó que el príncipe Franz Josef II no habría tenido conocimiento directo de esos hechos. El caso muestra la distancia entre el territorio del principado, pequeño y periférico, y las vastas posesiones de su familia en el corazón de la Europa ocupada por el nazismo.
Al terminar la guerra, Liechtenstein seguía siendo un país agrícola y pobre, y encima había perdido buena parte del patrimonio de su familia gobernante: Checoslovaquia y Polonia expropiaron las inmensas propiedades de los Liechtenstein en Europa central —más de 1.600 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo y bosque—, muchas veces mayores que el propio principado. Para hacer caja, la dinastía llegó a vender tesoros de su célebre colección de arte, como el retrato 'Ginevra de' Benci' de Leonardo da Vinci, comprado en 1967 por la National Gallery de Washington: fue el único Leonardo en un museo de Estados Unidos.
La transformación llegó por dos vías. Una fue la industria. En 1941, en plena guerra, los hermanos Martin y Eugen Hilti habían fundado en Schaan un taller mecánico. Tras sobrevivir a duras penas a la posguerra fabricando de todo, Martin Hilti dio con su vía de oro: sistemas de fijación y herramientas para la construcción, como los clavos disparados sobre hormigón. La empresa creció hasta volverse una multinacional presente en todo el mundo, con sus icónicas cajas rojas; hoy factura más de 6.000 millones de francos suizos y emplea a decenas de miles de personas, y sigue siendo el mayor empleador del país.
La otra vía fue las finanzas. Con impuestos bajísimos, leyes societarias flexibles y un estricto secreto bancario, Liechtenstein se convirtió en un centro financiero y en refugio de capitales y sociedades de todo el mundo, muy por encima de lo que su tamaño haría esperar. Ese modelo disparó el nivel de vida hasta ubicar al país entre los de mayor renta por habitante del planeta, pero también le trajo fama de paraíso fiscal y presiones internacionales que estallarían ya entrado el siglo XXI. En 1995, buscando anclarse en Europa sin renunciar a su vínculo con Suiza, Liechtenstein ingresó al Espacio Económico Europeo.
Liechtenstein es una rareza política en la Europa del siglo XXI: una monarquía donde el príncipe no reina de manera solo simbólica, sino que ejerce poder efectivo. Y ese poder no menguó con el tiempo, sino que se reforzó. El artífice fue el príncipe Hans-Adam II, en el trono desde 1989, que planteó un pulso frontal para ampliar las atribuciones de la corona.
En 2003, tras años de tensión con el gobierno y el parlamento, Hans-Adam II llevó a referéndum una reforma constitucional que le otorgaba poderes muy amplios: la facultad de vetar leyes, de destituir al gobierno, de nombrar jueces y de gobernar por decreto en situaciones de emergencia. El príncipe planteó la consulta casi como un ultimátum: si el pueblo no aprobaba la reforma, la familia se retiraría de la política y se mudaría a Viena. El 16 de marzo de 2003, los liechtensteinianos aprobaron el texto con un 64,3% de los votos. Como contrapartida, la nueva constitución incorporó también un derecho inédito: la posibilidad de que la ciudadanía convoque un referéndum para abolir la monarquía, y el derecho de cada comuna a separarse del principado.
La reforma le valió críticas de organismos europeos —el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia advirtieron que concentraba demasiado poder en el monarca—, pero fue refrendada en las urnas. En 2004, Hans-Adam II delegó la conducción cotidiana de los asuntos de Estado en su hijo, el príncipe heredero Alois, aunque conservó la jefatura del Estado. En 2012, un nuevo intento de recortar el poder de veto del príncipe fue rechazado por amplia mayoría en otro referéndum: los liechtensteinianos, con su monarquía próspera, prefirieron mantenerla tal cual.
El siglo XXI obligó a Liechtenstein a reinventar su modelo financiero. En 2008, una filtración de datos bancarios desató un escándalo internacional de evasión fiscal que salpicó sobre todo a contribuyentes alemanes y puso al principado en la mira de la Unión Europea, la OCDE y Estados Unidos. Presionado, el país abandonó de manera progresiva el secreto bancario estricto, firmó acuerdos de intercambio de información fiscal y buscó reconvertir su plaza financiera hacia estándares de mayor transparencia, sin renunciar a ser un centro de gestión de patrimonios.
Hoy Liechtenstein combina rasgos que parecen contradictorios: es a la vez uno de los países más ricos del mundo por habitante y uno de los más pequeños; una monarquía con poder real y una democracia con fuertes mecanismos de participación directa; profundamente conservador en algunas cosas y capaz de aprobar el matrimonio igualitario, que entró en vigor en 2025 tras el voto casi unánime del Landtag en 2024. Miembro del Espacio Económico Europeo y del espacio Schengen, pero no de la Unión Europea, mantiene su vínculo umbilical con Suiza —moneda, aduanas, representación exterior— y, a la vez, una identidad propia celosamente cuidada.
En 2024, el principado dio otro paso en su integración internacional al ingresar al Fondo Monetario Internacional. Con alrededor de 40.000 habitantes, sin ejército, sin deuda pública significativa y con un príncipe que sigue viviendo en el castillo que domina la capital, Liechtenstein sigue siendo lo que fue desde su fundación en 1719: un país improbable que hizo de su pequeñez, y de su capacidad de acomodarse a los tiempos, la clave de su supervivencia.