Mucho antes de que Boracay apareciera en un ranking de playas o en una foto de Instagram, la isla pertenecía a los ati, un pueblo indígena de la etnia negrito, de piel oscura y baja estatura, considerado entre los primeros pobladores del archipiélago filipino. Los ati llegaron a estas tierras hace miles de años y vivían de la pesca, la caza y la recolección, en una relación íntima y sostenible con el mar y el bosque. Para ellos, la isla de arena blanca no era un producto turístico, sino su hogar ancestral.
El nombre 'Boracay' tiene varias explicaciones posibles. Algunas lo relacionan con palabras locales como 'borac' (algodón, por la blancura y finura de la arena) o con 'bora' (burbujas) y 'bocay' (blanco). Otras versiones lo vinculan a 'sagay', un tipo de concha marina, o a expresiones de los propios ati. Sea cual sea el origen, todas las teorías apuntan a lo mismo: a esa arena excepcionalmente blanca y suave que siglos después haría famosa a la isla en todo el mundo.
La historia de los ati en Boracay es también una historia de despojo. A medida que la isla se volvió valiosa por el turismo, los ati fueron desplazados de sus tierras, empujados a los márgenes por la especulación inmobiliaria. Durante décadas han luchado por el reconocimiento legal de su territorio ancestral, con victorias parciales y episodios de violencia, como el asesinato de un líder ati en 2013 en medio de una disputa de tierras. Recordar a los ati es recordar que detrás del paraíso hay un pueblo que fue su primer dueño y que todavía reclama su lugar.
Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, Boracay era un rincón perdido, sin electricidad, sin caminos ni muelles, conocido apenas por los pescadores locales y por algún que otro visitante ocasional. La isla empezó a aparecer en el mapa del turismo en los años setenta. Cuenta la historia que la producción de una película en 1969-1970 ayudó a difundir sus imágenes, y que en los años setenta y ochenta las primeras guías de viaje para mochileros —entre ellas la célebre guía de Filipinas del alemán Jens Peters— la describieron como un paraíso escondido de arena blanca y aguas cristalinas, casi virgen.
Esa fama de tesoro oculto atrajo primero a viajeros aventureros y de bajo presupuesto, que dormían en cabañas sencillas y comían pescado a la parrilla. Pero la voz se corrió rápido. En los años noventa y dos mil, Boracay explotó: llegaron la electricidad, el agua corriente, los vuelos regulares a Caticlan y Kalibo, los resorts, los bares y las multitudes. White Beach se llenó de una hilera continua de hoteles y negocios, y la isla escaló hasta lo más alto de las listas de las mejores playas del planeta, premiada una y otra vez por revistas de viajes internacionales.
El éxito fue arrollador y, en buena medida, descontrolado. En pocas décadas, una aldea de pescadores se transformó en una máquina turística que recibía cada año a millones de visitantes. Se construyó sin apenas planificación, muchas veces invadiendo zonas protegidas, humedales y la propia franja de playa. La infraestructura de saneamiento no acompañó ese crecimiento, y la isla empezó a pagar, en silencio, el precio de su propia fama.
El punto de quiebre llegó en 2018. En febrero de ese año, el presidente filipino Rodrigo Duterte describió públicamente a Boracay como 'una cloaca' ('a cesspool'), denunciando que muchos hoteles y negocios vertían sus aguas residuales directamente al mar sin tratamiento, contaminando las mismas aguas cristalinas que atraían a los turistas. Las inspecciones oficiales confirmaron la magnitud del problema: cientos de establecimientos con sistemas de desagüe ilegales, construcciones sobre zonas protegidas y una capacidad de carga ampliamente superada.
La respuesta fue drástica y sin precedentes: el 26 de abril de 2018, el gobierno cerró por completo la isla al turismo durante seis meses, hasta finales de octubre. Fue una decisión enormemente costosa —Boracay dependía casi por entero del turismo, y miles de trabajadores quedaron sin ingresos durante medio año—, pero también una apuesta radical por salvar la isla. Durante ese tiempo, se demolieron construcciones ilegales, se ampliaron y arreglaron los sistemas de alcantarillado y drenaje, se ensancharon caminos, se retiraron estructuras que invadían la playa y se establecieron nuevas reglas.
Cuando Boracay reabrió, en octubre de 2018, lo hizo con un rostro distinto y con normas mucho más estrictas: prohibición de fiestas, música alta, fumar y beber alcohol directamente en la arena; retiro de las 'sandcastles', masajes y estructuras de la playa; límites al número de visitantes y de camas turísticas; controles ambientales permanentes. El cierre de Boracay se convirtió en un caso de estudio mundial sobre los riesgos del turismo masivo y sobre las medidas, dolorosas pero a veces necesarias, para revertir el daño.
La Boracay de hoy es una isla que aprendió, a la fuerza, una lección sobre los límites. Tras la reapertura, se implementaron controles que buscan evitar que se repita el colapso: una tasa ambiental obligatoria para todos los visitantes, un tope al número de turistas y de plazas hoteleras en función de la capacidad de carga, exigencias de conexión a la red de alcantarillado para los negocios, y la prohibición de actividades que antes degradaban la playa. White Beach está hoy más despejada, limpia y ordenada que en los años del descontrol.
Eso no significa que los problemas estén resueltos. La presión del turismo sigue siendo enorme, la tentación de relajar las reglas para atraer más visitantes está siempre presente, y la comunidad ati continúa reclamando el reconocimiento pleno de sus tierras ancestrales frente a los intereses inmobiliarios. Boracay sigue siendo un equilibrio frágil entre la prosperidad que trae el turismo y la conservación del paraíso que ese mismo turismo pone en riesgo.
Para el viajero, esta historia es una invitación a visitar Boracay con conciencia: pagar la tasa ambiental sin quejarse (financia la limpieza y el mantenimiento), respetar las reglas de la playa, no dejar basura, elegir alojamientos y operadores responsables, usar protector solar reef-safe y recordar que detrás de la postal hay un ecosistema y una comunidad. La belleza de sus cuatro kilómetros de arena blanca sigue intacta; que siga así depende, en buena parte, de cómo la tratemos quienes vamos a disfrutarla.