Antes de que existiera Alemania existieron los germanos: un conjunto de pueblos —queruscos, catos, marcomanos, suevos, sajones, francos y muchos más— que hacia el cambio de era habitaban los bosques y ciénagas entre el Rin y el Elba. No formaban una nación ni tenían conciencia común; era Roma la que los agrupaba bajo el nombre de Germania, y fue un romano, Tácito, quien en su obra Germania (98 d.C.) dejó el retrato más antiguo y fundador de estos pueblos, celebrando su libertad y su rudeza frente a la decadencia que él veía en su propia ciudad.
El choque decisivo llegó en septiembre del año 9 de nuestra era, en un lugar boscoso del noroeste, probablemente cerca de la actual Kalkriese. Allí, Arminio —un noble querusco que había servido como oficial auxiliar del ejército romano y tenía la ciudadanía— tendió una emboscada al gobernador Publio Quintilio Varo y aniquiló tres legiones enteras, la XVII, la XVIII y la XIX, con sus auxiliares: entre quince y veinte mil hombres. La batalla del bosque de Teutoburgo (Varusschlacht) fue una de las derrotas más humillantes de la historia de Roma. El emperador Augusto, según Suetonio, se golpeaba la cabeza contra las puertas gritando: «¡Varo, devuélveme mis legiones!». Aquellas tres legiones nunca se volvieron a reconstituir, y Roma renunció para siempre a conquistar la Germania al este del Rin.
A partir de entonces, el Imperio se replegó y fijó su frontera en una línea fortificada, el limes germánico-rético, que corría del Rin al Danubio jalonada de fuertes, torres de vigilancia, murallas y empalizadas; hoy es Patrimonio de la Humanidad. De un lado quedó la Germania romanizada, con ciudades como Colonia, Tréveris o Maguncia, viñedos, termas y calzadas; del otro, la Germania libre. Esa frontera marcó durante siglos una divisoria cultural. Mucho más tarde, en el siglo XIX, el nacionalismo alemán convertiría a Arminio en «Hermann», héroe fundacional de la nación, y le levantaría el colosal monumento del Hermannsdenkmal: la prueba de cómo una batalla de la Antigüedad puede reinventarse como mito político.
Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, entre los pueblos germánicos que se repartieron sus despojos hubo uno destinado a la grandeza: los francos. Bajo la dinastía merovingia y luego la carolingia, los francos construyeron el reino más poderoso de la Europa altomedieval, a caballo entre la actual Francia y Alemania. Su figura cumbre fue Carlomagno (Karl der Große), que entre 768 y 814 sometió por las armas a los sajones paganos —a los que cristianizó a sangre y fuego, con episodios como la matanza de Verden— e incorporó Baviera y buena parte de la Germania.
La Navidad del año 800, el papa León III coronó a Carlomagno emperador en Roma, resucitando la idea de un imperio cristiano de Occidente que se pretendía heredero de Roma. Carlomagno fijó su corte preferida en Aquisgrán (Aachen), donde levantó la capilla palatina que aún se conserva y que sería, durante seiscientos años, el lugar de coronación de los reyes germanos. Su reinado impulsó además el llamado «renacimiento carolingio», un florecimiento de la cultura, la escuela y la copia de manuscritos.
El imperio de Carlomagno no le sobrevivió unido. En el Tratado de Verdún de 843, sus tres nietos se lo repartieron: a Luis el Germánico le tocó la Francia Oriental (Ostfrankenreich), las tierras al este del Rin de habla germánica. De aquel reino oriental, en el que fue arraigando el nombre de «tierra del pueblo», deutsch, saldría con el tiempo la Alemania medieval. Cuando en 919 el sajón Enrique I y luego su hijo Otón fueron elevados al trono, el reino germánico ya tenía perfil propio, distinto del reino occidental que sería Francia.
En el año 962, el rey germánico Otón I fue coronado emperador en Roma, refundando la corona imperial de Occidente. Nacía así lo que la posteridad llamaría el Sacro Imperio Romano Germánico (Heiliges Römisches Reich), una construcción política insólita que perduraría, con enormes transformaciones, hasta 1806. En teoría era la máxima autoridad temporal de la cristiandad, heredera de Roma y protectora de la Iglesia. En la práctica fue siempre otra cosa: un conjunto laxo de cientos de territorios —ducados, principados, condados, obispados, ciudades libres— que reconocían a un emperador electo pero conservaban una autonomía casi total.
El filósofo Voltaire resumió esa paradoja en una frase demoledora que sigue siendo la mejor definición del Imperio: «Este cuerpo que se llamaba y que aún se llama el Sacro Imperio Romano no era en modo alguno ni sacro, ni romano, ni imperio». No era sacro, porque el poder papal y el imperial pasaron siglos enfrentados en la Querella de las Investiduras, con episodios humillantes como el de Canossa (1077); no era romano, porque su corazón era germánico; y no era un verdadero imperio, porque el emperador carecía de un poder central efectivo sobre sus príncipes.
Desde el siglo XIII, el emperador no se heredaba sino que se elegía: la Bula de Oro de 1356, promulgada por Carlos IV, fijó en siete el número de príncipes electores —tres arzobispos (Maguncia, Colonia, Tréveris) y cuatro laicos— que designaban al rey de romanos. A partir del siglo XV la dignidad imperial quedó de hecho en manos de la casa de Habsburgo, con capital en Viena. El resultado fue una Alemania perpetuamente descentralizada, un tablero de poderes locales donde florecieron las universidades, el arte y las ciudades, pero donde nunca cuajó un Estado nacional fuerte como Francia o Inglaterra. Esa fragmentación marcaría toda la historia alemana posterior.
Si el Imperio era débil, las ciudades alemanas eran fuertes. Durante la Edad Media, decenas de ellas obtuvieron el estatus de ciudad libre imperial (Reichsstadt), que las hacía dependientes solo del emperador y prácticamente autónomas, gobernadas por sus gremios y sus patriciados. Nuremberg, Fráncfort, Augsburgo, Lübeck, Colonia y muchas otras se convirtieron en repúblicas urbanas prósperas, centros de comercio, artesanía y banca. En Augsburgo, la familia Fugger llegó a financiar a emperadores y papas.
El fenómeno más impresionante fue la Liga Hanseática (die Hanse), una confederación comercial de ciudades del norte que dominó el comercio del mar Báltico y del mar del Norte entre los siglos XII y XVII. Encabezada por Lübeck —su capital de hecho— y con Hamburgo, Bremen, Rostock, Gdansk y decenas de otras urbes, la Hansa tejió una red de rutas, privilegios y factorías (los Kontore) que llegaban de Londres a Nóvgorod, de Brujas a Bergen. Comerciaba con arenque, sal, cereal, madera, pieles, cera y paño, y llegó a tener flota, ejército y política exterior propios, capaces de hacer la guerra a reyes.
La Hansa dejó una marca perdurable en el norte de Alemania: el ladrillo gótico de sus iglesias y ayuntamientos, la riqueza mercantil de sus puertos, un espíritu de independencia burguesa. Todavía hoy, Hamburgo y Bremen conservan en su nombre oficial el título de «ciudad hanseática libre», y sus matrículas automovilísticas empiezan por una H de Hansestadt. Aquel mundo de ciudades autónomas y ricas fue, durante siglos, el contrapeso urbano y comercial de un Imperio rural y fragmentado.
El 31 de octubre de 1517, un monje agustino y profesor de teología llamado Martín Lutero hizo públicas en Wittenberg sus 95 tesis contra las indulgencias —la venta de perdón de los pecados con que la Iglesia financiaba la basílica de San Pedro—. La tradición cuenta que las clavó en la puerta de la iglesia del castillo; hayan sido clavadas o simplemente enviadas y difundidas, aquellas tesis desataron un terremoto que partió en dos a la cristiandad occidental y cambió para siempre la historia de Alemania y de Europa.
Lutero fue mucho más lejos de lo que pretendía al principio. Negó la autoridad del papa, sostuvo que la salvación venía solo por la fe y por la gracia (no por las obras ni el dinero), y afirmó que la única fuente de verdad era la Biblia, que tradujo al alemán en una versión que fijó la lengua literaria del país. Excomulgado por el papa y declarado proscrito por el emperador Carlos V en la Dieta de Worms (1521) —donde, según la tradición, se negó a retractarse—, fue protegido por príncipes alemanes y refugiado en el castillo de Wartburg. La imprenta de Gutenberg, inventada décadas antes en Maguncia, difundió sus escritos por miles y fue el arma decisiva de la Reforma.
Las consecuencias fueron inmensas y no todas pacíficas. En 1524-1525 estalló la Guerra de los Campesinos, una gran revuelta social que invocaba el Evangelio y que Lutero —temeroso del desorden— condenó con dureza; fue aplastada con decenas de miles de muertos. Alemania quedó dividida entre príncipes católicos y protestantes, tensión que la Paz de Augsburgo de 1555 intentó resolver con el principio cuius regio, eius religio: cada príncipe imponía su religión a sus súbditos. Fue una tregua frágil. Aquella fractura religiosa, sumada a la debilidad del Imperio, prepararía la mayor catástrofe de la Alemania premoderna.
En 1618, una revuelta de nobles protestantes en Praga —que arrojaron por la ventana a unos gobernadores imperiales, la célebre «defenestración de Praga»— encendió la mecha de la guerra más devastadora que conoció Europa antes del siglo XX. La Guerra de los Treinta Años empezó como un conflicto religioso entre católicos y protestantes dentro del Imperio, pero pronto se convirtió en una lucha por el poder en la que intervinieron media Europa: los Habsburgo de Austria y España, Dinamarca, Suecia bajo Gustavo Adolfo, y finalmente la Francia católica del cardenal Richelieu, que —por pura razón de Estado— apoyó a los protestantes contra los Habsburgo.
El territorio alemán fue el gran campo de batalla y la gran víctima. Ejércitos de mercenarios sin paga vivían del saqueo, arrasando cosechas, quemando aldeas y propagando el hambre y la peste. El episodio más atroz fue el saco de Magdeburgo en 1631, cuando las tropas imperiales masacraron a unos veinte mil habitantes y redujeron la ciudad a cenizas. Regiones enteras quedaron despobladas. Los historiadores calculan que la población de las tierras alemanas del Imperio cayó de forma catastrófica: alrededor de un tercio del total, y hasta un 40 % o más según las estimaciones, con algunas comarcas que perdieron a la mitad o más de su gente. Fue una herida demográfica de la que Alemania tardó un siglo en recuperarse.
La guerra terminó en 1648 con la Paz de Westfalia, firmada en Münster y Osnabrück, un hito de la historia diplomática que suele considerarse el acta de nacimiento del sistema moderno de Estados soberanos. Reconoció el calvinismo junto al luteranismo y el catolicismo, consagró la independencia de hecho de los príncipes alemanes y desangró aún más la autoridad del emperador. El Imperio salió de Westfalia convertido en una entidad casi fantasmal, un archipiélago de más de trescientos Estados. La verdadera consecuencia fue clara: durante siglo y medio más, Alemania seguiría sin ser una nación.
De la Alemania fragmentada del siglo XVIII emergió, casi de la nada, una gran potencia: Prusia. Gobernada por la dinastía de los Hohenzollern desde su capital, Berlín, y desde el ducado de Brandeburgo, Prusia era un Estado pobre en recursos y disperso en el mapa, pero construyó su fuerza sobre dos pilares: una administración eficiente y honesta, y sobre todo un ejército desproporcionadamente grande y disciplinado. El «rey sargento» Federico Guillermo I forjó ese ejército y ese Estado austero y militarizado del que se diría que «no era un país con un ejército, sino un ejército con un país».
Su hijo Federico II, «Federico el Grande» (1740-1786), lo convirtió en potencia europea. Ilustrado y músico, correspondiente de Voltaire, filósofo aficionado que escribía en francés y tocaba la flauta en su palacio de Sanssouci en Potsdam, era también un estratega militar implacable. Nada más subir al trono invadió Silesia, arrebatándosela a Austria, y sostuvo contra media Europa la Guerra de los Siete Años (1756-1763), de la que Prusia salió maltrecha pero victoriosa y consagrada como quinta gran potencia. Modernizó la administración y la justicia, promovió la tolerancia religiosa y la agricultura, y encarnó el modelo del «déspota ilustrado».
El ascenso de Prusia instaló en el mundo alemán un «dualismo» decisivo: la rivalidad entre la Prusia protestante y en ascenso, al norte, y la Austria católica de los Habsburgo, al sur, por la hegemonía sobre Alemania. Esa competencia, que atravesaría todo el siglo siguiente, definiría cuál de las dos potencias unificaría —y bajo qué forma— a la nación alemana. La respuesta llegaría un siglo después, y sería prusiana.
La Revolución Francesa y Napoleón demolieron el viejo orden alemán. Entre 1803 y 1806, las victorias francesas reorganizaron por completo el mapa: desaparecieron los pequeños Estados eclesiásticos y las ciudades libres, absorbidos por reinos mayores como Baviera, Wurtemberg o Sajonia, que Napoleón elevó de rango y agrupó en la Confederación del Rin bajo su protección. El golpe final llegó el 6 de agosto de 1806: presionado por Napoleón, el emperador Francisco II abdicó de la corona imperial y disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico. Después de más de ochocientos años, el viejo Reich dejaba de existir.
La humillación de la ocupación francesa —el aplastamiento de Prusia en Jena y Auerstedt en 1806, la ocupación de Berlín— tuvo un efecto inesperado: encendió por primera vez un sentimiento nacional alemán. Filósofos como Fichte, con sus Discursos a la nación alemana, y una generación de reformadores y románticos empezaron a soñar con una Alemania unida. Tras la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena (1815) no restauró el viejo Imperio, sino que creó la Confederación Germánica, una laxa asociación de 39 Estados presidida por Austria, que decepcionó a los partidarios de la unidad.
La unión llegaría antes por la economía que por la política. En 1834, bajo el liderazgo prusiano, se creó el Zollverein, la unión aduanera alemana que suprimió las barreras arancelarias internas y creó un mercado común, tejiendo lazos económicos entre los Estados alemanes —con la significativa exclusión de Austria—. El Zollverein fue el andamiaje sobre el que crecería la industrialización y, con ella, el poder prusiano. Cuando en 1848 estalló una oleada revolucionaria liberal y nacionalista, el Parlamento de Fráncfort, reunido en la Paulskirche, intentó dar a Alemania una constitución y una corona; el fracaso de aquella revolución dejó la unificación en manos, no de los demócratas, sino de la fuerza prusiana.
El hombre que unificó Alemania no fue un revolucionario ni un demócrata, sino un aristócrata prusiano conservador: Otto von Bismarck, nombrado ministro-presidente de Prusia en 1862. Convencido de que las grandes cuestiones del tiempo no se resolverían «con discursos y resoluciones mayoritarias —ese fue el gran error de 1848— sino con hierro y sangre», Bismarck orquestó la unificación mediante tres guerras cuidadosamente provocadas: contra Dinamarca (1864), contra Austria (1866) —que expulsó a Viena del mundo alemán y consagró la hegemonía prusiana— y contra Francia (1870-1871).
La guerra franco-prusiana selló la obra. El entusiasmo nacional arrastró a los Estados del sur a alinearse con Prusia, y tras la aplastante victoria y la captura de Napoleón III en Sedán, se proclamó el Imperio alemán. La escena fue simbólica y provocadora: el 18 de enero de 1871, en la Galería de los Espejos del palacio de Versalles —en territorio francés ocupado—, el rey Guillermo I de Prusia fue aclamado emperador (Kaiser) de un Reich unificado. Bismarck se convirtió en su canciller. Por primera vez desde Carlomagno, la mayor parte de los alemanes vivía en un solo Estado, aunque bajo un régimen semiautoritario dominado por Prusia, con un Parlamento (el Reichstag) de poderes limitados.
El nuevo Imperio, la «Alemania guillermina», vivió décadas de vértigo. Se industrializó a velocidad prodigiosa —acero del Ruhr, química, electricidad, ferrocarriles— hasta convertirse en la primera potencia industrial y científica de Europa continental, y Bismarck, para desactivar al creciente movimiento obrero socialista, creó el primer Estado de bienestar del mundo, con seguros de enfermedad, accidentes y vejez. En política exterior, el «canciller de hierro» fue en cambio prudente, tejiendo un sistema de alianzas para aislar a Francia y mantener la paz. Pero en 1890 el joven y ambicioso emperador Guillermo II despidió a Bismarck, y con él se fue la prudencia.
Llegada tarde al reparto colonial, la Alemania de Guillermo II reclamó su «lugar bajo el sol» y se hizo con colonias en África —el África Oriental Alemana (Tanzania), Camerún, Togo y el África del Sudoeste Alemana (la actual Namibia)— y en el Pacífico. Su dominio fue especialmente brutal en el Sudoeste africano. En 1904, los pueblos herero y, poco después, nama se levantaron contra la expropiación de sus tierras y ganado. La respuesta alemana, dirigida por el general Lothar von Trotha, fue una campaña de exterminio deliberado: tras la batalla de Waterberg, los herero fueron empujados al desierto del Omaheke, donde se los dejó morir de sed y hambre cercando los pozos de agua; los supervivientes fueron encerrados en campos de concentración.
Entre 1904 y 1908 murieron alrededor del 80 % del pueblo herero —unas 40.000 a 65.000 personas o más— y cerca de la mitad de los nama —unas 10.000—. Es considerado por los historiadores el primer genocidio del siglo XX, con prácticas (campos de concentración, experimentos sobre presos, teorías raciales) que anticipan escalofriantemente lo que vendría décadas después. Durante más de un siglo Alemania eludió reconocerlo; recién el 28 de mayo de 2021 el gobierno alemán lo calificó oficialmente de genocidio y anunció 1.100 millones de euros en ayuda al desarrollo a lo largo de treinta años. El acuerdo fue criticado por líderes herero y nama por negociarse sin ellos, evitar la palabra «reparaciones» y rechazar la responsabilidad jurídica.
El militarismo y las ambiciones del Reich guillermino desembocaron en la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. Tras el atentado de Sarajevo en 1914, Alemania respaldó a Austria-Hungría y aplicó el plan Schlieffen, invadiendo la neutral Bélgica y arrastrando a Gran Bretaña a la guerra. El sueño de una victoria rápida se hundió en cuatro años de guerra de trincheras en el frente occidental —Verdún, el Somme—. Bloqueada, exhausta y hambrienta, con su ejército quebrado en 1918, Alemania se derrumbó: estalló una revolución, el Kaiser abdicó y huyó a Holanda, y el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. El Imperio de Bismarck, nacido en Versalles en 1871, moriría —humillado— en el mismo Versalles con el tratado de paz de 1919.
De la derrota nació la primera democracia alemana. Proclamada en 1919 y dotada de una constitución avanzada redactada en la ciudad de Weimar, la República vivió catorce años atormentados. Cargaba con el peso del Tratado de Versalles —pérdidas territoriales, desarme y sobre todo unas reparaciones aplastantes— y con la «leyenda de la puñalada por la espalda» (Dolchstoßlegende), la mentira difundida por la derecha nacionalista según la cual el ejército no había sido vencido en el frente sino traicionado en la retaguardia por socialistas y judíos. Esa calumnia envenenó la vida política. En 1923, la crisis tocó fondo con una hiperinflación demencial: el marco se desplomó hasta el punto de que un dólar llegó a valer billones de marcos y la gente cargaba fajos de billetes en carretillas para comprar pan.
Y sin embargo, la Weimar de los años veinte fue también un estallido de creatividad sin igual. Berlín se convirtió en una de las capitales culturales del mundo: la escuela de arte y diseño Bauhaus revolucionó la arquitectura; el cine expresionista alemán dio obras maestras como Metrópolis y El gabinete del doctor Caligari; florecieron el teatro de Brecht, la ciencia de Einstein, la música, el cabaret y una vida nocturna y sexual libérrima. Fue una modernidad deslumbrante y frágil, suspendida sobre un volcán político.
La Gran Depresión de 1929 hizo estallar ese volcán. El desempleo masivo y la desesperación empujaron a millones de votantes hacia los extremos. El Partido Nacionalsocialista (nazi) de Adolf Hitler —un agitador austríaco que había intentado un golpe fallido en Múnich en 1923 y había escrito en la cárcel su libro de odio, Mein Kampf— pasó de ser un grupo marginal al mayor partido del Reichstag, explotando el resentimiento por Versalles, el miedo al comunismo y un antisemitismo virulento. El 30 de enero de 1933, entre intrigas de las élites conservadoras que creyeron poder «domesticarlo», el presidente Hindenburg nombró a Hitler canciller del Reich. La democracia de Weimar acababa de firmar su sentencia de muerte.
En pocas semanas, Hitler convirtió el poder en dictadura. El incendio del Reichstag en febrero de 1933 sirvió de pretexto para suspender las libertades; la Ley Habilitante de marzo le entregó poderes plenos; en meses se prohibieron los partidos y sindicatos, se abrió el primer campo de concentración en Dachau, cerca de Múnich, y comenzó la persecución de opositores, comunistas y socialdemócratas. Con la muerte de Hindenburg en 1934, Hitler concentró todos los poderes como Führer. El régimen nazi —totalitario, racista y expansionista— se propuso construir una «comunidad del pueblo» racialmente «pura» y un imperio que dominara Europa.
El antisemitismo estaba en el centro de todo. Las Leyes de Núremberg de 1935 despojaron a los judíos alemanes de la ciudadanía y los derechos; la Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht), en noviembre de 1938, desató un pogromo en todo el país con sinagogas incendiadas, comercios destruidos y decenas de miles de detenidos. Tras el estallido de la guerra y la ocupación de Europa oriental, la persecución escaló hasta el exterminio. En la conferencia de Wannsee (enero de 1942) se coordinó burocráticamente la «solución final», el plan de asesinar a todos los judíos de Europa.
El resultado fue el Holocausto —la Shoá—: el asesinato sistemático, industrial y planificado por el Estado de unos seis millones de judíos europeos. Fueron fusilados en masa por los Einsatzgruppen sobre fosas comunes, hacinados en guetos y, sobre todo, deportados y gaseados en campos de exterminio construidos para matar —Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek—, donde los cuerpos se incineraban en hornos crematorios. El régimen nazi persiguió y asesinó también a otros grupos: cientos de miles de gitanos (romaníes y sinti), prisioneros de guerra soviéticos, polacos, personas con discapacidad (exterminadas en el programa «eutanasia» T4), homosexuales, testigos de Jehová, disidentes políticos. El Holocausto no fue un exceso de la guerra ni un accidente: fue un crimen deliberado, sin precedentes en la historia por su escala y su frialdad administrativa, y es el hecho central e indeleble contra el que se mide toda la memoria alemana posterior.
La Segunda Guerra Mundial la desató Alemania. El 1 de septiembre de 1939, la invasión de Polonia inició un conflicto que Hitler expandió con una serie de conquistas relámpago —Polonia, Francia, casi toda Europa— hasta que la invasión de la Unión Soviética en 1941 abrió el frente que lo destruiría. Tras la derrota de Stalingrado (1943), el Reich retrocedió en todos los frentes bajo el fuego cruzado de los Aliados occidentales y el Ejército Rojo. Las ciudades alemanas fueron arrasadas por los bombardeos; entre ellos, el de Dresde en febrero de 1945, cuya cifra de víctimas, inflada durante décadas por la propaganda nazi y luego por negacionistas hasta cientos de miles, fue finalmente establecida por una comisión de historiadores en 2010 en unos 25.000 muertos. En abril de 1945, con el Ejército Rojo en Berlín, Hitler se suicidó en su búnker; el 8 de mayo Alemania capituló sin condiciones. El país quedó en ruinas, con millones de muertos y expulsados, y con la conciencia de haber cometido el mayor crimen de la historia europea.
Derrotada, Alemania fue ocupada y dividida por los vencedores. En 1949, de las zonas occidentales nació la República Federal de Alemania (RFA), democrática, capitalista y alineada con Occidente, que bajo Konrad Adenauer y Ludwig Erhard protagonizó el «milagro económico» (Wirtschaftswunder); de la zona soviética nació la República Democrática Alemana (RDA), un Estado socialista y de partido único bajo tutela de Moscú. En el corazón de esa división quedó Berlín, también partida en cuatro sectores. Para frenar la fuga masiva de sus ciudadanos hacia Occidente, la RDA levantó de la noche a la mañana, el 13 de agosto de 1961, el Muro de Berlín, que durante veintiocho años partió la ciudad y se convirtió en el símbolo mundial de la Guerra Fría y del Telón de Acero. Al menos 140 personas murieron intentando cruzarlo.
En los años setenta, el canciller socialdemócrata Willy Brandt impulsó la Ostpolitik, una política de distensión y reconocimiento hacia el Este y la RDA que le valió el Nobel de la Paz; su gesto de arrodillarse ante el memorial del gueto de Varsovia en 1970 quedó como imagen de la contrición alemana. El fin llegó en 1989: la ola de reformas en la URSS, la fuga de miles de alemanes orientales y las multitudinarias manifestaciones pacíficas de los lunes en Leipzig y otras ciudades minaron al régimen de la RDA. La noche del 9 de noviembre de 1989, presionado por la calle, el gobierno abrió las fronteras y el Muro cayó entre escenas de euforia. Menos de un año después, el 3 de octubre de 1990, las dos Alemanias se reunificaron en un solo Estado democrático.
La Alemania reunificada es hoy la mayor economía de Europa, un pilar de la Unión Europea y una democracia estable con capital de nuevo en Berlín. Pero su rasgo más singular es cómo se relaciona con su pasado. Los alemanes acuñaron una palabra intraducible, Vergangenheitsbewältigung —algo así como «el trabajo de asumir y elaborar el pasado»—, para nombrar el esfuerzo colectivo, sostenido durante generaciones, de enfrentar la responsabilidad por el nazismo y el Holocausto sin coartadas ni olvido. Se traduce en cosas concretas: la enseñanza obligatoria del Holocausto en las escuelas, el delito de negacionismo, los memoriales en el centro mismo de las ciudades —como el Monumento a los Judíos de Europa Asesinados junto a la Puerta de Brandeburgo—, las Stolpersteine (los «adoquines del tropiezo» de latón con los nombres de las víctimas frente a sus antiguos hogares) y una cultura pública que considera la memoria un deber cívico. Esa disposición a mirar de frente lo peor de su propia historia, y a construir sobre esa lucidez una democracia, es quizá el aporte más valioso de la Alemania contemporánea.