Antes de que existiera parque, bloque petrolero o frontera alguna, el inmenso territorio que hoy llamamos Yasuní era —y sigue siendo— el hogar ancestral del pueblo waorani (escrito también huaorani, y conocidos como 'wao'). Cazadores, recolectores y horticultores de la selva entre los ríos Napo y Curaray, los waorani habitaron durante siglos, quizás milenios, una de las regiones más biodiversas del planeta, con un conocimiento de la selva tan profundo que su cultura y el bosque son casi inseparables.
Los waorani vivían en gran aislamiento, en pequeños grupos familiares dispersos por la selva, moviéndose por amplios territorios de caza. Cazaban con cerbatana y dardos envenenados con curare, y con lanzas; recolectaban frutos y cultivaban yuca y plátano en pequeños claros. Tenían fama —en parte real, en parte alimentada por el miedo de afuera— de feroces guerreros que defendían su territorio del intruso, fuera otro pueblo indígena, fueran los caucheros o los colonos. Esa reputación, sumada a lo remoto de su tierra, los mantuvo relativamente al margen del mundo exterior hasta bien entrado el siglo XX.
Su cosmovisión está íntimamente ligada a la selva: a las plantas, los animales, los espíritus del bosque. Hoy, el pueblo waorani sigue siendo el actor humano central del Yasuní, y su historia reciente —de contacto, de despojo, de resistencia y de defensa de su territorio frente al petróleo— es inseparable de la historia del propio parque. Comprender el Yasuní exige reconocer, antes que nada, que es tierra waorani.
El siglo XX trajo al territorio waorani dos fuerzas que cambiarían su mundo para siempre y que avanzaron casi de la mano: las misiones religiosas y la industria petrolera. Hasta entonces, el aislamiento y la reputación guerrera de los waorani habían mantenido a raya a buena parte de los intrusos, pero las presiones se volvieron imparables a mediados de siglo.
Uno de los episodios más célebres ocurrió en 1956, cuando un grupo de cinco misioneros evangélicos estadounidenses que intentaban contactar a los waorani fue muerto por ellos a orillas del río Curaray (la conocida 'Operación Auca', nombre despectivo con que se los llamaba). Lejos de detener el contacto, el episodio tuvo enorme repercusión y fue seguido por un esfuerzo misionero sostenido —liderado por figuras como Rachel Saint y el Instituto Lingüístico de Verano— que, a lo largo de las décadas siguientes, fue 'pacificando', evangelizando y reasentando a buena parte de los waorani en comunidades, muchas veces para liberar territorio.
Porque, en paralelo, había aparecido el verdadero motor del cambio: el petróleo. Desde fines de los años sesenta y en los setenta, la Amazonía nororiental ecuatoriana vivió un boom petrolero que llenó la selva de carreteras, campamentos, trabajadores y colonos. El reasentamiento de los waorani facilitó el avance de la exploración y la explotación de crudo sobre su territorio ancestral. El resultado fue una transformación radical y dolorosa: pérdida de territorio y de autonomía, dependencia, enfermedades, contaminación y la fractura de un modo de vida milenario. Algunos grupos, sin embargo, rechazaron el contacto y se internaron más profundo en la selva: son los que hoy conocemos como Tagaeri y Taromenane.
En medio de aquel proceso de apertura y explotación de la Amazonía, surgió también la conciencia de que se estaba poniendo en riesgo un patrimonio natural irrepetible. En 1979, el Estado ecuatoriano creó el Parque Nacional Yasuní, destinando cerca de un millón de hectáreas de selva tropical húmeda a la protección de uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Fue, y sigue siendo, una de las áreas protegidas más grandes del Ecuador continental.
La razón de fondo es la extraordinaria biodiversidad de la zona. El Yasuní se encuentra en una región privilegiada, donde confluyen la cuenca amazónica, la cercanía de los Andes y la línea ecuatorial, lo que se traduce en una concentración de vida asombrosa: en una sola hectárea puede haber más especies de árboles que en toda Norteamérica, y el parque alberga miles de especies de plantas, cientos de especies de aves, decenas de mamíferos, una enorme variedad de anfibios y reptiles e incontables insectos. Los científicos lo consideran uno de los puntos más biodiversos de la Tierra.
La creación del parque buscó blindar esa riqueza frente al avance de la colonización, la deforestación y la presión extractiva. Sin embargo, desde el inicio quedó planteada una tensión que marcaría toda su historia: bajo ese suelo riquísimo en vida yacen también importantes reservas de petróleo, y los límites del parque y de los bloques petroleros conviven en una geografía superpuesta. La protección legal del Yasuní fue un paso enorme, pero no resolvió —solo aplazó— el choque entre conservación y extracción que estallaría con fuerza décadas más tarde.
El reconocimiento internacional de la excepcionalidad del Yasuní llegó pronto. En 1989, la Unesco declaró el Yasuní Reserva de Biosfera, en el marco de su programa 'El Hombre y la Biosfera' (MAB), que busca conciliar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible y el respeto por las culturas locales. La distinción reconoció no solo la biodiversidad biológica del parque, sino también su valor como territorio de pueblos indígenas, integrando naturaleza y cultura en una misma figura de protección.
Una reserva de biosfera no es exactamente lo mismo que un parque nacional: combina una zona núcleo de protección estricta con zonas de amortiguamiento y de transición donde se busca un uso sostenible. La Reserva de Biosfera Yasuní abarca el parque nacional y su entorno, e incluye el territorio waorani, dándole un marco internacional a la idea de que aquí la conservación de la selva y la supervivencia de los pueblos que la habitan van de la mano.
Un componente decisivo de esa protección llegó con la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, un área específicamente destinada a resguardar a los pueblos en aislamiento voluntario que aún habitan la selva profunda. Declarada y delimitada por el Estado ecuatoriano, esta zona prohíbe la entrada y cualquier actividad extractiva, en reconocimiento del derecho de los Tagaeri y Taromenane a vivir sin contacto. Su existencia convierte al Yasuní en un caso único, donde se protegen a la vez una biodiversidad récord y el derecho de pueblos no contactados a no ser perturbados.
El dilema latente desde la creación del parque estalló en el siglo XXI alrededor de un nombre: el bloque ITT, por los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini, que guardan bajo el Yasuní algunas de las mayores reservas de crudo del Ecuador. Explotarlas significaba ingresos millonarios para un país que depende del petróleo; dejarlas bajo tierra significaba proteger un ecosistema único y a los pueblos que lo habitan. De esa encrucijada nació una de las propuestas ambientales más originales y comentadas del mundo.
En 2007, el gobierno ecuatoriano lanzó la iniciativa Yasuní-ITT: una propuesta pionera por la que Ecuador se comprometía a no extraer el petróleo del bloque ITT —dejándolo indefinidamente bajo tierra— a cambio de que la comunidad internacional aportara una compensación económica equivalente a una parte del valor de ese crudo. La idea combinaba la lucha contra el cambio climático (evitando emisiones de CO2), la conservación de la biodiversidad y la protección de los pueblos en aislamiento, planteando que la responsabilidad de no quemar ese petróleo debía ser compartida por el mundo.
La iniciativa despertó enorme interés y simpatía internacional, pero la recaudación de fondos avanzó muy por debajo de lo esperado. En 2013, el gobierno declaró fracasada la iniciativa por falta de financiamiento suficiente y autorizó el inicio de la explotación petrolera en el bloque 43-ITT. La decisión generó una gran controversia y una fuerte resistencia de movimientos ambientales, indígenas y juveniles, que denunciaron el avance del extractivismo sobre el corazón del Yasuní. El sueño de dejar el crudo bajo tierra parecía haber terminado, pero la historia daría un giro inesperado una década más tarde.
La historia del Yasuní dio un vuelco histórico en 2023. Tras años de movilización social, de recolección de firmas y de batallas legales, los movimientos ambientales, indígenas y juveniles (con colectivos como Yasunidos a la cabeza) lograron que la justicia habilitara una consulta popular nacional para que fuera la ciudadanía, y no solo el gobierno, quien decidiera el destino del petróleo del Yasuní.
El 20 de agosto de 2023, en la misma jornada de elecciones presidenciales, los ecuatorianos votaron en una consulta sobre si debía detenerse la explotación del crudo en el bloque 43-ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní. El resultado fue contundente: una clara mayoría votó por el 'Sí', es decir, por dejar ese petróleo indefinidamente bajo tierra y frenar progresivamente la extracción. Por primera vez, un país decidía en las urnas renunciar a explotar una reserva petrolera para proteger un ecosistema y a los pueblos que lo habitan.
La decisión fue celebrada en todo el mundo como un hito de la democracia ambiental y un mensaje poderoso en plena crisis climática. Su implementación, sin embargo, plantea enormes desafíos: el desmonte ordenado de la infraestructura petrolera, los plazos, los costos económicos para un país que dependía de esos ingresos y la necesaria reparación del territorio. El debate sigue abierto, y la presión sobre el Yasuní —por el petróleo, la tala ilegal y la colonización— no ha desaparecido. Pero el mandato popular de 2023 convirtió al Yasuní en un símbolo global: el lugar donde, al menos por una vez, una sociedad eligió la vida de la selva por encima del crudo que guardaba debajo.